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martes, 30 de diciembre de 2008

MEDIA SANCIÓN PARA PROYECTO QUE AVALA CAMBIO DE SEXO

Los transexuales ganaron media batalla: el Senado votó el proyecto de cambio de nombre y sexo en registros públicos. A último momento se dispuso que los menores de 12 años deben tener el aval de sus padres para iniciar el trámite.

Cansado luego de una discutida sesión, el senador del MPP José Mujica concluyó: "Queda votado y pasa a la Cámara de Diputados para su entretenimiento y consideración". Los senadores se enfrascaron ayer en discusiones filosóficas acerca del cambio de sexo, la posibilidad que los menores tengan o no el aval de los padres y también el casamiento entre personas del mismo sexo.

Desde las barras, varios transexuales siguieron la sesión en estricto silencio. A la hora de criticar, la oposición preguntó si los travestis irán a baños de hombre o de mujer luego de cambiarse el nombre. También si se afectará el divorcio, las adopciones, la tenencia de hijos y hasta la reproducción asistida; si algunas personas harán el cambio de sexo registral para beneficiarse por los derechos jubilatorios y se planteó la posibilidad de un "tercer sexo" a nivel jurídico.

Fuente: "El País digital", 17 de diciembre de 2008.-

jueves, 11 de diciembre de 2008

IMPULSAN LEY CON ALTERNATIVAS AL ABORTO

Tras el veto del presidente Tabaré Vázquez al capítulo de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que proponía la despenalización del aborto, la posibilidad de impulsar medidas alternativas a esa medida cobra mayor fuerza.

La bancada de diputados del Herrerismo, presentó el pasado mes de agosto un proyecto de ley en ese sentido, que surgió tras un trabajo elaborado por un grupo de abogados y técnicos de varias especialidades que, partiendo de la base de que el aborto no debe ser despenalizado, realizan varias propuestas. La iniciativa, que fue presentada por el diputado Jaime Trobo y que cuenta con el apoyo de sus compañeros Pablo Abdala, Luis Lacalle Pou, Nelson Rodríguez Servetto y Gustavo Borsari, propone la creación de un sistema social que brinde a las mujeres una gama de posibilidades antes de optar por practicarse un aborto.

Básicamente, el proyecto, denominado "Protección del Derecho a la Vida", impulsa la ayuda económica de particulares y empresas a las mujeres embarazadas que puedan llegar a considerar la opción de abortar. También plantea que podrán utilizar Centros de Acogida a la Vida, donde se las ayudará tanto en forma económica y social incluso tras el nacimiento del bebé.

En el mismo sentido, la propuesta establece el pago -a través de Rentas Generales- de una Asignación Familiar de Emergencia a las mujeres embarazadas cuyo núcleo familiar tenga ingresos inferiores a una canasta básica. El beneficio regirá hasta los dos años de edad del niño.

Además, se establece que las mujeres embarazadas tengan prioridad en planes de vivienda impulsados por el Estado.

El proyecto también brinda un importante rol al sistema de adopciones, y en ese sentido se prevé que los niños de hasta seis meses podrán ser dados en adopción voluntaria a través del INAU y también mediante instituciones como organizaciones no gubernamentales, que deberán ser fiscalizadas por el Estado.

Por otra parte, la iniciativa prevé una serie de beneficios para las empresas que contraten mujeres. Por ejemplo, la exoneración de aportes por suplencias en caso de embarazo y también reconocimientos a los empleadores que fomenten la mejora de la relación entre los trabajadores y sus familias.

SOLUCIÓN SOCIAL. Ayer, en el marco de una actividad organizada por la Universidad de Montevideo por el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el abogado y docente de Derecho Penal, Pedro Montano, uno de los redactores del proyecto de ley presentado por los legisladores herreristas, destacó que "en la sociedad actual existe un sentido generalizado en que hay que evitar el aborto porque es una solución violenta".

Por eso, consideró que "el Derecho Penal no puede ser indiferente ante la destrucción de la vida humana; algo tiene que decir, si no se nos cae la estantería porque cómo vamos a proteger otros derechos".

Además, Montano señaló que el proyecto de ley propuesto -si bien ya ha sido impulsado en otras legislaturas y no tuvo mayor eco- representa un intento de solucionar la problemática desde una visión que abarca la situación social que deriva en el aborto porque, según dijo, el asunto no se resuelve desde la perspectiva de "la despenalización sí o la despenalización no".

Montano también repasó las concepciones existentes a nivel mundial desde 1973, cuando se consideraba que el aborto consistía en una opción libre, hasta la época actual, donde gracias a los avances registrados en varios ámbitos, existen otras alternativas antes que esa medida. No obstante, cuestionó los mecanismos de aborto químico que surgieron en los últimos años, y que a través de fármacos que muchas veces pueden ser adquiridos por internet, una mujer decide abortar "en la intimidad de su hogar".

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Nicolás Etcheverry, si bien no se refirió específicamente a la temática del aborto, sostuvo que "se debe respetar la dignidad del ser humano desde su concepción".

"No deja de ser irónico que en una época donde se quiere proclamar derechos de determinados animales como las ballenas, osos y perros, se sigan violando los derechos de las personas con total impunidad", agregó Etcheverry.

Además, el decano expresó que de acuerdo a lo que establecen la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos de las personas "se aplican desde el momento de la concepción y se incrementan de ahí en adelante hasta que la vida se termine".

Estado y abusos

En el evento de ayer, también participó el catedrático en Derecho Penal Miguel Langón, quien centró su exposición en los desbordes de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En ese sentido, citó varios ejemplos, entre ellos, el caso de la Dirección General Impositiva que se ocupa de controlar los tributos, establecer la deuda y las multas e incluso la posibilidad de presentar denuncias penales.

La iniciativa de los blancos

Cuando los padres no puedan mantener a sus niños, se establecerá un sistema de ayuda de particulares y también mediante empresas.

Las mujeres embarazadas en situación de desamparo económico o afectivo, tendrán la posibilidad de asistir a los Centros de Acogida a la Vida, donde se las ayudará durante y después del embarazo.

El Ministerio de Vivienda deberá priorizar a las mujeres embarazadas en los planes de acceso a vivienda a través de planes y subsidios impulsados por el Estado.

Los núcleos familiares que cuenten con mujeres embarazadas que tengan ingresos menores a una canasta básica, serán beneficiados con una asignación de emergencia de 10 Unidades Reajustables. El beneficio se extenderá hasta los dos años de edad del niño.

Habilita las intervenciones en el embrión solo cuando se trata de situaciones para evaluar, proteger o restablecer su salud.

En cuanto al sistema de adopciones, propone la alternativa de la legitimación adoptiva por entrega voluntaria en los casos de niños menores a los seis meses.

Establece un sistema de beneficios a las empresas que brinden trabajo a las mujeres. Prevé la exoneración de aportes por las suplencias en caso de licencias maternales y también beneficios para los empleadores que impulsen la mejora en la relación de los padres con sus hijos, como por ejemplo reduciendo la jornada laboral.


Fuente: "El País digital", jueves 11 de diciembre de 2008.-



miércoles, 3 de diciembre de 2008

MARCO LEGAL PARA LA FECUNDACIÓN ASISTIDA EN URUGUAY

El Senado comenzó a estudiar un proyecto oficialista que regula los tratamientos y las clínicas de reproducción asistida, en casos de infertilidad. Se limita el procedimiento a parejas heterosexuales estables y se avala la adopción de embriones.

"Si queremos evitar el negocio que hay detrás de todo esto, no hay mejor forma que reglamentar". La frase pertenece a Daniela García, futura madre por fecundación in vitro que -junto a otras mujeres que reciben tratamientos por infertilidad- intenta organizarse. Tres de ellas fueron recibidas hace pocos días por la comisión de salud del Senado, donde reclamaron que se apruebe un marco legal que fije normas claras para las clínicas y que, además, el Estado financie estas técnicas.

Se estima que cerca del 15% de las parejas tiene problemas de reproducción. Hoy en Uruguay las parejas pagan unos U$S 5.000 por procedimiento, pero las técnicas suelen tener éxito en cerca del 35% de casos. El senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid presentó hace pocas semanas un nuevo proyecto que regula el tema. Con variantes, se vienen presentando iniciativas desde 1991

"Es un proyecto que la sociedad precisa. Debe haber un marco que regule hasta dónde la medicina puede decidir sobre la creación de vida humana", indicó Cid. La comisión de Salud tomará de lleno el tema a a inicios de 2009, una vez que se termine el tratamiento de la ley de células y tejidos humanos. Pero no está claro si dará tiempo de votar este proyecto en un año electoral.

La iniciativa regula las técnicas de reproducción humana asistida en centros autorizados por el Ministerio de Salud Pública y establece que esos centros sólo deben cobrar por el reembolso de los gastos y honorarios de los tratamientos.

Los procedimientos podrán ser pedidos por parejas heterosexuales estables, aunque no solo matrimonios. Debe haber al menos un año de diagnóstico de infertilidad y no se toma en cuenta a las mujeres solas -algo que ha sido criticado por las feministas-, ni a las viudas. Si hay un divorcio, el proceso debe detenerse y la mujer no podrá seguir con el tratamiento. Pero el senador admite que no tiene "prejuicios" en modificar ese punto si así se plantea. La ley prohíbe eliminar o desechar embriones y se ordena la "criopreservación" por el menor plazo posible de todos los embriones excedentarios, no usados por imposibilidad o sobrantes de una fertilización.

El proyecto abre la puerta a la adopción de embriones abandonados si una pareja desiste del tratamiento. Omar Franca, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, admitió meses atrás a El País que, en lugar de "descongelar y matar" los embriones, "es preferible la adopción prenatal", ya que los embriones "no se pueden donar".

Cristina Mendoza, que integra la incipiente organización de mujeres que están en tratamiento, dijo que en Uruguay hay clínicas en las que "los manejos físicos y psicológicos son inadecuados" y "se ha puesto en riesgo la salud y la vida de las mujeres". Pidió un marco legal para estas situaciones. García cree que habría que "reeducar a los médicos y recordarles que tratan con personas, no con ratones de laboratorio".

Cid presentó el proyecto en forma aislada, sin pasar por la bancada. Pero el senador cree que su bancada lo respalda, dado que el Frente lo votó en períodos anteriores. La senadora Margarita Percovich comparte el objetivo del proyecto de "regularizar una actividad que no está reglamentada".
Testimonio de una madre embarazada gracias a la fertilización in vitro
"La persona infértil se siente muerta o quiere morirse"

Daniela García está embarazada hace 30 semanas gracias a un tratamiento de fertilización in vitro realizado en Argentina, tras tener experiencias negativas en Uruguay. La semana pasada, García leyó una carta a los senadores de la comisión de salud, donde expresa "el sentimiento" de muchas parejas: "Solo intento resumir tanto dolor. Tan poderosos son los sentimientos conectados con la infertilidad que la persona que lo vive se siente muerta o quiere morirse".

En su caso "los días de tristeza y angustia" ya pasaron. Según su visión, los tratamientos generan estrés y desesperación, a lo que se suman malos tratos, "médicos interesados en cobrar honorarios y no cuidar la salud integral del paciente".

Los exámenes son "embarazosos y dolorosos", pero -como no se considera una enfermedad- no hay derecho a pedir días libres para los estudios. Y García sigue: "No me gustaría pensar que el derecho a tener tu hijo en la panza sea solo de los que podemos costearnos tratamientos, inclusive en otros países".

Con el problema demográfico por delante, la mujer pregunta si no se debe regular el tema y ayudar "económicamente y emocionalmente" a las familias en este paso.

"Me gustaría poder trasmitir lo que se siente querer tener a tu bebé en la panza, sentirlo crecer, patear, saber que está ahí, dentro de tu vientre y no poder. Y preguntarme, ¿por qué yo no tengo derecho a ser madre? Inclusive mi vida ya no tenía sentido, si yo no podía dar vida. Si esto no es una enfermedad, ¿qué es?", pregunta García.

Le pidió a los legisladores que se imaginen "lo frustrante que puede ser oír hablar de esas parejas que mágicamente concibieron durante unas vacaciones, simplemente haciendo el amor".
Cid pedirá que el FNR financie procedimientos de fecundación

Aunque sabe que el Ejecutivo no comparte el planteo, el senador Alberto Cid pedirá en los próximos días en la Cámara de Senadores que el Fondo Nacional de Recursos financie los tratamientos de reproducción asistida, así como lo hace con diversas operaciones.

"Este es un país de viejos donde el Fondo financia técnicas de alta complejidad -como las cirugías de cadera o artrosis-, lo cual es correcto; pero no puede permitirse el lujo de no financiar -al menos parcialmente- las técnicas de reproducción humana asistida, que le permitirán al país tener un reperfilamiento de edades", indicó Cid, que presentará su reclamo durante la hora previa de la Cámara de Senadores. Cid cree que los uruguayos deben colaborar en forma solidaria "con ese 15% de parejas que hoy no tiene posibilidades de reproducción" y advierte que ese porcentaje puede ser mayor. "Hay gente que no tiene recursos y hace grandes esfuerzos para acceder a las costosas técnicas", explicó el senador.

El financiamiento estatal de las técnicas no está incluido en su proyecto y Cid considera que debe ir por separado. El texto sí indica que los centros autorizados deberán informar previamente el costo y cobrar solo por el reembolso "de los gastos y honorarios".
Lo permitido y lo que es prohibido

El proyecto dice que las técnicas de reproducción asistida se realizarán solo cuando haya "posibilidades razonables de éxito" y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia. Las mujeres deben aceptar el tratamiento "libre y conscientemente", deben ser mayores de edad, tener reserva ovárica "demostrable" y buen estado de salud. Solo pueden participar parejas heterosexuales estables.

La fecundación se hará con los gametos masculinos de la pareja y, si eso no es posible por infertilidad masculina extrema, se recurrirá a un "dador" para inseminar a la mujer. El donante no podrá reclamar derechos de paternidad o maternidad de la criatura. La elección del dador será responsabilidad del equipo médico en consulta con la pareja solicitante. Una vez cumplidos los 18 años, el hijo podrá solicitar que se le informe la identidad del donante a través de la Justicia.

Se obtendrán hasta tres embriones por ciclo de tratamiento. Todos los óvulos fertilizados deben ser transferidos a la cavidad uterina, quedando prohibido desechar o eliminar embriones. Si la transferencia no es posible, los embriones se crioconservarán. De un mismo donante no pueden nacer más de seis hijos.

Por escrito, la pareja debe autorizar la entrega en custodia al centro actuante, de los embriones "excedentarios y no utilizados". La mujer podrá suspender el tratamiento en cualquier momento, siempre que sea previo a la fecundación del óvulo.

Se prohíbe la inseminación con semen del marido o del concubino fallecido. Cuando hay juicios de divorcio, la mujer no podrá ser fecundada una vez decretada la separación provisional de los cónyuges.

Cuando el MSP lo autorice, las técnicas podrán utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético. Se prohíbe la experimentación con embriones o fetos en cualquier etapa evolutiva, así como la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación humana. Se prohíbe mezclar semen de diverso origen humano o hacer mezclas de óvulos de diferentes mujeres en la fecundación asistida.

Hay prisión de hasta nueve años para la clonación.

Fuente: "El País digital", miércoles 3 de diciembre de 2008, artículo de Sebastián Cabrera.-