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sábado, 29 de octubre de 2011

HIV/SIDA Uruguay: HABLEMOS EN SERIO


Hace poco, como todos los años, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En Uruguay, de acuerdo a los datos aportados a través de los medios de prensa, el panorama sería alentador, en cuanto a la supuesta disminución de los casos de enfermedad y mortandad.

Sin embargo, debemos ser concientes de que no se nos está diciendo toda la verdad, y que ese panorama alentador es tan sólo una fachada de una realidad que va en aumento debido a un manejo totalmente irresponsable de los sistemas de detección de la enfermedad.

Si uno pregunta a cualquier persona, en general, el ciudadano tiene la idea de que hoy día un examen de HIV, es “de rutina”, al sacarse el carné de salud, o el examen de aptitud física, al solicitar un chequeo, al operarse o al cambiarse de mutualista. Pues debemos informar que NO.

El examen de detección de HIV, que es un examen ELISA barato y que se realiza en 20 minutos, suele ser el último examen a realizarse cuando el individuo presenta la sintomatología de una de las enfermedades consideradas como “marcadoras”, esto es, las enfermedades que están vinculadas al virus HIV en etapa SIDA, es decir, cuando el virus ha provocado tal daño en el sistema inmunológico que provoca ese tipo de enfermedades que, en individuos con sistemas inmunológicos normales, no se producirían. Esto hace que el pronóstico sea reservado, dado que el propio tratamiento de la patología a enfrentar, puede agravar el estado del paciente, por los efectos secundarios de la propia medicación, además de que se puede estar ante un sistema inmunológico tan débil que no sea capaz de resistir al tratamiento con antirretrovirales, y se produzca el desenlace fatal de una enfermedad que puede demorar hasta 10 años o más en manifestar síntomas.

Pocos saben que una gripe fuerte o una diarrea pueden ser síntomas de HIV en etapas tempranas. Estoy segura de que nadie ha ido al médico con una fuerte gripe o una diarrea, y se le ha indicado un examen de HIV. Y pueden ser signos de la existencia del virus, como otras afecciones que son atribuidas graciosamente a “bajas defensas”, sin que se investiguen las causas de ellas.

Es curioso ver cómo la indicación de un examen de detección de HIV, sea un tema tabú hasta para los propios médicos, que dudan mucho antes de indicarlo, y se excusan en que dicho examen debe ser “consentido por el paciente”, pero ellos no son capaces siquiera de sugerirlo, y, ante una diarrea, mandan una dieta, y, si es muy persistente, un copro-bacteriológico, nunca un examen HIV. Luego, cuando el paciente fallece, se conforman con hacer bien los deberes localizando a los posibles contactos y haciéndole un examen a quien le dan la “buena noticia” de que ha estado en contacto con un paciente HIV, ahora posiblemente fallecido.

Hace poco, un conocido me dijo que se sentía mal y no sabía por qué, y le pidió a su médico un examen HIV, y fue el médico quien le preguntó: “por qué un examen HIV, si tú tienes pareja estable?” Contestación bastante pueril en estos tiempos, pero insólita y criminal en un médico que debería, por sí mismo, indicar dicho examen. Pues esto es sólo un ejemplo.

Es necesario decir que si el Uruguay no cambia sus políticas de detección de la enfermedad, va a seguir perdiendo vidas por culpa de la misma. Vidas que, un país envejecido como el nuestro, no puede darse el lujo de perder, vidas jóvenes y productivas, por una enfermedad que, hoy por hoy, pese a no ser curable, puede permitir al individuo gozar de una vida larga y saludable.

jueves, 22 de julio de 2010

URUGUAY: RATIFICAN TENENCIA DE MENORES A PAREJA GAY.

Una jueza de Maldonado ratificó la tenencia compartida de dos menores, abandonados por sus padres biológicos, a una pareja homosexual en unión concubinaria. Es el primer caso de este tipo, pero aún está lejos de ser una adopción.

En un escueto fallo, la jueza letrada de octavo turno de Maldonado, Adriana Cittadino, ratificó la tenencia compartida "que de hecho ejercen" Daniel Melo y Walter Martínez sobre Mahiara, de 17 años, y Franco, de 14 años. Los menores ya estaban bajo la tenencia de Melo.

"Queríamos tener una tenencia compartida, porque los chicos ya vienen de una pérdida y, si a mí me pasa algo, otra vez volvían a una situación de abandono", comento Melo, de 48 años.

Martínez, de 35 años, es funcionario municipal y Melo, más conocido como Daniel de Ogum, dirige un templo afroumbandista. La pareja anunció públicamente en 2008 que tramitaría la unión concubinaria y realizó una fiesta de 300 invitados que fue transmitida por la televisión de Maldonado.

Melo comentó que luego de pedir la tenencia compartida, el fiscal pidió vista del caso, para preguntar si la tenencia se tramitaba con fines de una posterior adopción. "No iban a dar los tiempos para adoptar, por la edad de los chicos, y el tema era su bienestar" comentó Melo. "Cuando manifestamos los motivos, inmediatamente se expidió la jueza", señaló.

Según la jueza de familia, Estrella Pérez, la tenencia compartida se suele otorgar a dos padres separados, "cuando ambos se quieren hacer cargo en la misma medida de las necesidades del niño". Por ejemplo, cuando los niños viven alternadamente en la casa de su padre y de su madre. Otras veces, la tenencia compartida se solicita para que uno de los padres no deba pagar pensión alimenticia.

Según Pérez la tenencia "tiene efectos jurídicos muy limitados" y "está muy lejos de la adopción".

La tenencia no implica la adjudicación de la patria potestad, y genera la obligación de alimentar, dar cuidado sanitario, vivienda y educación a los menores, quienes mantienen sus apellidos de origen. Sin embargo, quienes poseen la tenencia no pueden autorizar para que el menor salga del país o para que se le realice una intervención quirúrgica. Sí otorga derecho de cobrar la asignación familiar.

En su solicitud a la jueza, Melo y Martínez mencionan el reconocimiento de unión concubinaria tramitado por ambos, y que constituyen "desde el año 1995 una unión concubinaria estable". Además, señalan que "dicha regularización habrá de permitir a la familia el ingreso al Fonasa y el amparo de la asignación familiar".

Según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un menor siempre que "ello tenga como finalidad el interés superior" del niño o adolescente. Además, el juez deberá evaluar el entorno familiar del interesado.

Familia. Melo comentó que en el caso de Mahiara, a quien tienen desde hace 14 años, la madre "en su momento no tenía posibilidades económicas" para hacerse cargo. En tanto, Franco, que vive en el hogar hace 12 años, fue abandonado por sus padres biológicos. Además, Melo y Martínez se ocupan de una tercera niña, María Pía, de 3 años, a quien Melo reconoció como su hija biológica.

Melo afirma que los tres chicos mantienen una relación con su familia de origen, y que "nunca sufrieron ningún tipo de discriminación".

Mahiara está terminando el liceo, y quiere estudiar "algo vinculado con la estética, como maquillaje artístico", comentó Melo. Por su parte, Franco ingresará al Liceo Militar el año próximo. "Por el tema de la inseguridad y de la droga, nos parece que da una contención más prudente", comentó Melo. "Además allí la educación que dan en cuanto a límites es bastante diferente", señaló.

Melo comentó que, a pesar de que un juez controla su accionar en cuanto a la tenencia de los menores, "la asistente social que controlaba decidió no visitar más la casa porque consideraba que ella estaba molestando a una familia. Ese fue su último informe", comentó.

"Esto es una familia. Nosotros estamos permanentemente con nuestros hijos", comentaba Melo en una entrevista realizada en 2008 por El País.

"Desde hace años no sabemos lo que es viajar solos. Tampoco vamos, por ejemplo, a bailar, ya que eso demanda un dinero que no le vamos a distraer a nuestros hijos", agregó.

Actualmente, la pareja homosexual no piensa en casarse en Argentina, ya que esperan "que en Uruguay se apruebe pronto el casamiento gay", según Melo.

Apoyo de colorado a boda gay

El diputado colorado Fernando Amado afirmó ayer que está dispuesto a apoyar el matrimonio gay. "Cuando haya un proyecto de ley, o una iniciativa en el Parlamento, estoy dispuesto a dar el debate", señaló a Su-brayado. Dijo que discutirá sobre "la igualdad de derechos". Amado, de 27 años, aclaró que se trataba de "una opinión personal". Por otra parte, el Partido Socialista apoya que se promueva el debate parlamentario sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El País Digital, 21 de julio de 2010.

viernes, 16 de julio de 2010

ARGENTINA APROBÓ MATRIMONIO GAY.

Nueva ley. El Senado avala la norma tras de 15 horas de debate Argentina es el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio homosexual Denuncia de la Conferencia Episcopal

BUENOS AIRES | EL PAÍS DE MADRID Y LA NACIÓN / GDA

A las cuatro de la madrugada y tras 15 horas de acalorada discusión, el Senado aprobó en reñida votación la ley que autoriza el matrimonio homosexual, por primera vez en América Latina. La norma dividió a los argentinos y aún genera polémica.

Los centenares de hombres y mujeres que, pese al frío, esperaron a pie firme en la plaza frente al Parlamento durante el eterno debate prorrumpieron en gritos y cánticos al escuchar el resultado. La votación final, 33 a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y nueve senadores ausentes, no refleja la enorme tensión y las dudas que rodearon hasta el último minuto la aprobación del proyecto de ley, combatido con todas sus fuerzas por la jerarquía de la Iglesia Católica y por las Iglesias evangélicas, que llegaron a calificarlo de "plan del demonio".

La Iglesia quemó sus últimos cartuchos con una gran manifestación frente al Senado pocas horas antes de que se abriera la discusión sobre el matrimonio gay, ya aprobado por la Cámara de Diputados. La jerarquía eclesiástica apostó fuerte para intentar atraer a una mayoría de los 72 senadores (tres por provincia) que componen la Cámara Alta y varios de ellos, de diferentes grupos políticos, estuvieron indecisos hasta el final. Las llamadas de teléfono, presionando en uno u otro sentido, inundaron durante la sesión parlamentaria los celulares de los senadores indecisos.

Por otra parte, también estuvo especialmente activo el ex presidente Néstor Kirchner, que es diputado, y no podía estar presente en el Senado, pero que puso en juego todos sus recursos para que el proyecto de ley saliera adelante. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que también apoyó el matrimonio gay, se encontraba de viaje en China, adonde la acompañaron dos senadoras que inicialmente se habían pronunciado contra el matrimonio gay.

La mandataria fue una de las primeras en saludar ayer la aprobación de la ley. "Estoy muy satisfecha. Ha sido un paso positivo", destacó la presidenta desde Shangai. Fernández volvió a arremeter contra la Iglesia por la manera en que planteó su oposición al proyecto. "No estaba de acuerdo con el discurso que rodeaba el debate. El hecho de que se hablase de guerra de Dios, por ejemplo, mostraba una radicalización que no resultaba positiva de ninguna manera", planteó.

Y agregó: "Si pensamos que hace 50 años las mujeres no podían votar y no hace mucho en EE.UU. no podía haber casamientos interraciales, y en Argentina la única forma de contraer matrimonio era a través de la Iglesia y nos encontramos cómo ha cambiado todo, podemos pensar que este ha sido un paso positivo que defiende el derecho de la minoría".

Algunos parlamentarios que votaron a favor de la ley reconocieron que parte de su electorado no comprendería su vo-to. El peronista disidente Luis Juez afirmó que votaría a favor y que "al día siguiente seguiría siendo el mismo tipo cristiano y fanático de la Virgen" que ha sido siempre porque lo que se discutía era "un tema de igualdad ante la ley". Las mayores dudas partieron de las filas de los radicales, que pidieron rechazar esta ley y consolidar un nuevo tipo de unión civil, que no se denominara matrimonio y que no permitiera a las parejas homosexuales la adopción, tal y como sucede en Uruguay.

La jerarquía de la Iglesia no reaccionó inmediatamente a la aprobación del matrimonio gay, aunque Justo Carbajales, representante del departamento de laicos de la Conferencia Episcopal Argentina habló de la existencia de un pacto detrás de la ciudadanía. "Hay un gran enojo y una gran frustración, sobre todo, de los ciudadanos de las provincias por haber visto a muchos de sus senadores hacer lo contrario de lo que habían prometido públicamente o haberse ausentado a la hora de la votación", aseguró. "Se va a denunciar públicamente a aquellos que fijaron una posición en contra y votaron a favor del proyecto, mintiéndole a su electorado. La gente no quiere que la defrauden más", subrayó.
Reacciones de algunos protagonistas

Guillermo Cartasso

Asesor laico de la Conferencia Episcopal de argentina

La aprobación de la ley que autoriza el matrimonio homosexual "violenta el principio de igualdad, ya que se pretende tratar de idéntica manera a situaciones que evidentemente no son idénticas entre sí".

Cristina Fernández

presidenta argentina

"Es un paso positivo que defiende el derecho de la minoría en la Argentina", dijo desde China. "No estaba de acuerdo con el discurso que rodeaba el debate", agregó la mandataria al continuar con sus críticas a la Iglesia.

María Rachid

Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales

"Ha ganado la no discriminación, la igualdad y la democracia. Es legítimo que haya un sector de la sociedad que no esté de acuerdo. Lo que no está bien es que intente imponerlo al conjunto de la gente".
Leyes en el resto del mundo

HOLANDA: Tras haber creado en 1998 una unión civil abierta a los homosexuales, Holanda fue, en abril de 2001, el primer país en autorizar el casamiento civil a parejas del mismo sexo. Las obligaciones y derechos de los cónyuges son idénticos a los de miembros de matrimonios heterosexuales, entre ellos la adopción.

BÉLGICA: Los casamientos entre homosexuales están autorizados desde junio de 2003. Las parejas gays tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

ESPAÑA: El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó en julio de 2005 el casamiento entre personas del mismo sexo. Estas parejas, casadas o no, tienen también la posibilidad de adoptar.

CANADÁ: La ley sobre el casamiento de parejas homosexuales y el derecho a adoptar entró en vigencia en julio de 2005. Anteriormente, la mayoría de las provincias canadienses ya autorizaban la unión entre personas del mismo sexo.

SUDÁFRICA: En noviembre de 2006, Sudáfrica se transformó en el primer país de África en legalizar la unión entre dos personas del mismo sexo por "casamiento" o "unión civil".

NORUEGA: Una ley de enero de 2009 pone en un pie de igualdad las parejas homosexuales, tanto para el casamiento y la adopción como para la asistencia a la fecundación. Desde 1993, contaban con la posibilidad de unión civil.

SUECIA: Pionera en materia de derecho de adopción, desde mayo de 2009 permite a las parejas homosexuales casarse por civil o religiosamente. Desde 1995, estaban autorizadas a unirse por `unión civil`.

PORTUGAL: Una ley, que entró en vigencia en junio de 2010, modifica la definición de casamiento al suprimir la referencia a "de diferente sexo". Excluye el derecho a adoptar.

ISLANDIA: La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, se casó con su compañera el 27 de junio, día de la entrada en vigencia de la ley que legalizó los casamientos homosexuales. Hasta entonces sólo podían unirse legalmente.

OTROS CASOS: En EE.UU., cinco estados autorizaron el casamiento gay: Iowa, Connecticut, Massachusetts, Vermont y New Hampshire y Washington. En México sólo en el distrito federal. Otros países han adoptado legislaciones respecto a la unión civil: Dinamarca abrió en 1989 la vía al crear una "unión registrada", Francia (1999), Alemania (2001), Finlandia (2002), Nueva Zelanda (2004), Reino Unido (2005) República Checa (2006), Suiza (2007), Uruguay y Colombia.

Fuente: "El País digital", viernes 16 de julio de 2010.

martes, 16 de marzo de 2010

EMPRESA "CLARO" PONE OBSTÁCULOS A LA RESCISIÓN DE CONTRATO.

El siguiente es un relato de un problema que la autora de este blog viene tratando de resolver con la empresa CLARO, que, a su juicio, violenta las normas relacionadas con la protección al consumidor, en especial, su libertad de rescindir el contrato cuando lo estime conveniente, tal como lo establece el mismo.

1. En el mes de agosto de 2008 contraté una línea telefónica por el plazo de un año. Cumplido el mismo decidí cancelarlo, teniendo el teléfono totalmente al día, comunicándome al *611, tal como se me indicó.

2. Sin embargo, debido a que se me ofreció pasar la línea a sistema tarjetero, acepté, quedando registrada dicha modificación, esto es, la cancelación de la línea por contrato y el pase a tarjetero. Mi línea, a partir de ese momento (agosto de 2009), quedó inutilizable por mi parte, aún para cargar tarjeta.

3. Se me dijo que en el transcurso de 48 horas, la empresa se comunicaría conmigo para habilitar la línea, y cargar una tarjeta.

4. La empresa CLARO no se comunicó conmigo, y, en lo que a mí respecta, tampoco.

5. Meses después recibo una comunicación al teléfono de línea de contacto, donde se me dice por parte de CLARO que adeudo facturas por dicha línea. Al consultar, se me contesta que, debido a que no había existido esa comunicación entre la empresa y quien suscribe, y no había cargado tarjeta en 72 horas, no se habían cumplido los requisitos del pase a tarjetero, el que no se había efectuado, y la línea había continuado activa. Cuando les dije que CLARO había quedado en comunicarse, se me dijo que si CLARO no lo hacía, debía hacerlo yo, pero que era requisito ineludible para el pase a tarjetero el cargar tarjeta en 72 horas.

6. Cabe destacar que tales requisitos NO CONSTAN EN EL CONTRATO.

7. Primero se me dijo que adeudaba todos los meses que habían transcurrido, pero luego, que sólo adeudaba la factura correspondiente al mes en que había solicitado el pase a tarjetero, con las correspondientes moras.

8. Entendiendo injusta la situación, porque una cosa es que comience a operar el sistema tarjetero, y otra, muy distinta, es que la línea continuara activa (lo cual, si hubiese sido así, hubiese tenido la posibilidad de utilizarla en esos meses) me negué a pagar dicha factura, pero, ante las continuas llamadas de CLARO reclamando el pago, y la amenaza de enviarme al CLEARING, decidí pagar y cancelar definitivamente, y nuevamente llamé al *611, en el mes de noviembre de 2009.

9. Me dijeron que debía enviar una carta certificada a una casilla de correo, expresando mi deseo de cancelar, según quedó registrado en el mes de noviembre. Que CLARO no aceptaba cancelaciones en sus locales de venta, personalmente (lo cual sería deseable, para evitar este tipo de malentendidos), ni siquiera en Casa Central, que la carta demoraba 10 días hábiles en llegar a la empresa, más la demora del propio Correo, y que para cancelar debía pagar el mes que me estaban reclamando.

10. Envié la carta por correo certificado, y cancelé la deuda que mantenía con la empresa, yendo a Casa Central, en Portones, único punto que me aceptaba el pago, ya que el chip estaba dado de baja, habiéndoseme rechazado el pago en los locales ABITAB y en los Centros de atención al cliente de Pando.

11. Con la factura que se me reclamaba paga, y la carta enviada de la forma que se me había solicitado, me quedé tranquila de que la línea había sido cancelada, guardando, por cualquier reclamo, la constancia expedida por el Correo.

12. Transcurridos cuatro meses después de haber enviado la carta solicitando la cancelación definitiva en el mes de noviembre, ahora, en el mes de marzo, recibo otra llamada de CLARO donde SE ME SOLICITA VERIFICAR EL DOMICILIO DEBIDO A QUE NO ESTÁN LLEGANDO LAS FACTURAS. Les respondí que eso estaba muy bien, ya que la línea había sido cancelada, por lo cual no debía recibir nada de parte de ellos.

13. ME CONTESTAN QUE LA LÍNEA CONTINÚA ACTIVA, YA QUE YO NO ME HABÍA COMUNICADO PARA VER SI LA CARTA QUE ENVIÉ HABÍA LLEGADO, Y QUE DICHA CARTA HABÍA PERDIDO VALIDEZ, YA QUE TENÍA 30 DÍAS, POR LO QUE, SI DESEABA CANCELAR, DEBÍA ENVIAR OTRA, Y PAGAR EL MES CORRESPONDIENTE A LA QUE YA HABÍA ENVIADO ANTERIORMENTE.

14. Del mismo modo en que no se me había dicho que si no cargaba tarjeta en 72 horas la línea continuaba activa, tampoco se me había dicho que si no cumplía con el requisito de llamar para ver si la carta había llegado, la línea seguiría activa y debía pagar el mes. Mucho menos que dicha carta tenía una validez de 30 días.

15. A esto pregunto: desde cuándo las cartas tienen plazo de validez? Una carta llega o no llega, no adquiere validez porque uno llame para ver si llegó, ni la pierde si no lo hace. Y por qué CLARO no me permite hacer valer la carta que envié en el mes de noviembre pidiendo la cancelación? No veo otra razón que la intención de CLARO de seguir cobrando haberes a clientes que cometieron el error de solicitar su servicio por contrato, ya que si CLARO realmente entendiera que la línea continuaba activa, no sólo me cobraría los meses de agosto y noviembre, coincidentes con mis solicitudes de pase a tarjetero y cancelación respectivamente, sino todos los transcurridos, con la contrapartida de que hubiese podido seguir utilizando el servicio, por lo menos, cargando una tarjeta, lo que, sin embargo, me fue vedado a partir del momento en que solicité el pase a tarjetero, en el mes de agosto.

16. A esto aduce CLARO que una cosa es que el chip está dado de baja por falta de pago, lo que sería mi caso, y otra, que lo esté por cancelación. Pero olvida la empresa que el mismo fue dado de baja en el mes de agosto, en que estaba al día, si no, no se me hubiese permitido solicitar el pase a tarjetero. No es exacto decir que el chip fue dado de baja por falta de pago, la falta de pago provino después de todo este malentendido provocado por CLARO.

17. Cuál es el justificativo que utiliza la empresa? Aparentemente, una cláusula contenida en el contrato que expresa que ante la intención de cancelar, el cliente debe comunicarse al *611, que es quien le dictará el procedimiento.

18. Así es como el cliente pasa a ser rehén del *611, a través del cual la empresa no informa en forma completa y debida acerca de los pasos a seguir para cancelar, ni las consecuencias que tiene la más pequeña y pueril omisión en el cumplimiento de esos requisitos (como es el no llamar para ver si una carta llegó) aun cuando esas consecuencias sean de la magnitud que significa la continuidad de la línea con las obligaciones de pago.

19. En mi caso particular, si la línea continuaba activa por no cargar tarjeta en 72 horas, aun cuando haya sido CLARO quien se comprometió a llamar, si continuaba activa por no llamar para ver si la carta en que pido la cancelación llega, si esa carta tiene 30 días de validez, todo eso me debió haber sido informado detalladamente en el momento en que manifiesto mi intención de pasar a tarjetero o cancelar definitivamente, y no a los meses, cuando recibo llamadas de este tipo y amenazas de Clearing.

20. Es ahora cuando me rehuso a seguir haciendo el juego de la empresa, que me dice que si no pago lo que se me reclama, la línea sigue activa, y corro el riesgo de ser enviada el Clearing por una línea cuyo contrato está vencido, y la línea inutilizable hace tiempo, sólo porque la empresa decide poner nuevos requisitos a la cancelación.

21. El carácter abusivo del proceder de CLARO, que pone al cliente en manos de los continuos requisitos que, en forma antojadiza pone el *611, resulta evidente y amerita que se tomen medidas por los organismos competentes.

22. ¿Dicha cláusula habilitaría a CLARO a pedir al cliente, mediante la llamada al *611, el pago de U$S 1.000.000 para cancelar? Según el razonamiento de CLARO, parece que sí, ya que lo que no esté contenido en el contrato, puede ser exigido caprichosamente por el *611.

23. Qué me garantiza que si ahora pago el mes que se me reclama, y vuelvo a enviar una carta, no se me diga que no llegó, o que falta algún requisito más, de lo que me enteraré dentro de 4 meses, cuando vuelva a recibir otra llamada, y se me quiera seguir cobrando, por una línea que no utilizo ni puedo utilizar, pero que ellos siguen teniendo en el sistema como “activa”?

Publico este caso para prevenir a incautos que puedan caer en manos de la empresa CLARO, mediante la solicitud de una línea telefónica por contrato, del cual, si es por la empresa, no saldrán jamás.

Actualización 14 de mayo de 2010: Formulada la queja en Defensa del Consumidor (0800 7005), la empresa canceló la línea en cuestión, libre de deudas para mi parte.




viernes, 8 de enero de 2010

NUEVO SISTEMA URUGUAYO DE FIRMA DIGITAL Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Este mes (noviembre) la Presidencia promulgó la ley que hace legal la firma electrónica y la validez de los documentos electrónicos. Esto favorece las transacciones por Internet y adecúa a Uruguay a la normativa internacional y regional en la materia. La periodista Florencia Melgar, del portal www.180.com.uy consultó a Federico Monteverde, asesor en normas de tecnologías de la información de la Agesic (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento), quien explicó que el objetivo último de la normativa es generar una institucionalidad que permita corroborar la autenticidad de los documentos electrónicos.

Sistema que genere confianza

“El objetivo final de todo esto es permitir que las transacciones que se realizan en forma electrónica, sean confiables” y explicó que si cuando uno hace una transacción en forma presencial, existen determinadas garantías, entonces, cuando se realizan a distancia “precisas elementos adicionales para que esas transacciones sean posibles”. Los documentos tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos escritos, por lo cual quien trasmita un documento electrónico que no sea fiel al original, lo adultere o destruya, estará incurriendo en delito. El asesor de la Agesic ejemplificó qué tipo de situaciones se beneficiarán de la existencia de los documentos electrónicos: “transacciones comerciales de comercio electrónico; envío de documentos cuya firma sea legalmente válida para quien lo recibe; firma de contratos con privados o con el gobierno, etc.”

El sistema de certificaciones

Todo esto se realizará a través de un sistema de certificaciones en el que habrá dos tipos de prestadores de servicios, los acreditados y los que no lo están. La acreditación es voluntaria pero tiene la ventaja porque sus certificados pasan a llamarse “certificados electrónicos reconocidos” y pueden ser utilizados con “firma avanzada”. Monteverde explicó qué “un documento firmado con firma electrónica es equivalente a un documento firmado por cualquiera de nosotros; un documento firmado con firma electrónica avanzada es un documento equivalente con la firma certificada por un escribano”.

El rol del escribano

Según Monteverde, esto no quita ni trabajo ni protagonismo al escribano, sino al revés, y que este tipo de documentación electrónica amplía el campo de actuación del escribano: “ahora el escribano va a poder actuar en forma electrónica ahora. Al escribano se le abre una posibilidad más al firmar electrónica un documento, lo que antes no podía hacer. Más que una amenaza es una oportunidad en la medida que se abren otras actuaciones”.

Los prestadores de servicios de certificación

La ley crea un Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados y la Unidad de Certificación Electrónica como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Para instrumentar esta ley se creó la Unidad de Certificación Electrónica. El asesor de la Agesic dijo a 180 que se prevé que esté activa en marzo 2010 y dijo que a pesar que la ley ya está en vigencia, aún faltan detallar cuestiones técnicas que quizás necesiten reglamentación.

Las empresas certificadoras son empresas de servicios que cumplan con ciertos requisitos técnicos y de procedimientos, así como determinada capacidad financiera y de seguros. Para ser acreditada necesita estar aprobada por la Unidad recientemente creada.

En cualquier caso se necesita un software que genera un determinado archivo con un formato que es un archivo que se llama certificado electrónico, se adjunta al documento a firmar y forma parte del documento firmado.

Actualmente las instituciones certificadoras de plaza son Abitab y el Correo, pero no están acreditadas ninguna de las dos. Esto llevará un tiempo porque necesita un tiempo de instalación de infraestructura.


Fuente: www.180.com.uy

Extraído de teletrabajo.com.uy
18 de noviembre de 2009.

domingo, 13 de diciembre de 2009

HOMBRES CHICOS QUE CARGAN UN GRAN PESO.

Los dos cajones de lechuga son casi más altos que él. Los sostiene para que no se caigan del carro que arrastra su padre en el Mercado Modelo. "Tiene otros seis hijos chiquitos y cada día trae a uno", dice Gabriel, dueño de uno de los puestos.

Son las 3 y 30 de la madrugada del jueves, uno de los días de mayor actividad del Mercado Modelo, principal centro de comercialización de frutas y verduras del Uruguay.

En esa hora pico cuesta caminar entre los carros, camiones y montacargas que circulan en los galpones. Los ruidos de los vehículos y los gritos hacen que sea difícil conversar.

Padre e hijo llegan hasta el puesto de Gabriel e ingresan a buscar más frutas y verduras. El niño de 10 años, que parece de 6 o 7, es uno de los 50 menores de 15 años que en las tres oportunidades en que concurrió El País al Mercado -29 de octubre, 5 de noviembre y el 26 de noviembre- cargaban y descargaban camiones, arrastraban carros con cajones o recolectaban frutas y verduras de descarte en el Mercado. Requechear alimentos para llevar a su casa se transforma en trabajo cuando es una práctica sistemática por la que el niño deja de hacer actividades propias de su edad, como ir a la escuela.

Si bien los métodos con que trabajó El País no son comparables a relevamientos anteriores, los datos recogidos coinciden con la observación y la visión de operadores, adolescentes y autoridades, que afirman que es notoria la disminución de niños que trabajan en el Mercado. Mientras en 2003 Gurises Unidos detectó 216 niños y adolescentes, en 2007 el programa Calle del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y Casamiga N° 6 relevaron 148 y actualmente son unos 50.

El trabajo está prohibido en Uruguay para los menores de 15 años, según el Código de la Niñez y la Adolescencia.

"El niño no va a la escuela. Si le preguntás al padre te va a decir que sí. Pero yo sé que no va", cuenta Gabriel. "Le he dicho que lo mande, pero no me hace caso", agrega.

Este puestero también contrata a ese niño. Le paga $ 20 para que se quede parado un buen rato junto a cajones apilados y así evitar que se los roben. Además, le da café con leche.

Un caso como éste podría derivar para el padre en una limitación o hasta suspensión de la patria potestad - "conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad"-, ya que se vulneran dos de los derechos básicos del niño: la educación y la salud y además se lo somete a riesgos.

En 2005 o 2006 la mayoría de los niños que trabajaban en el Mercado recibían también una taza de leche y pan. Se las brindaba un operador. "Lo hacía con criterio de ayudar, pero eso hacía que hubiera más niños", dijo Marcelo Amado, secretario de la Comisión Administradora del Mercado. Fue por eso que con INAU decidieron solicitarle que dejara de darles comida. "El Mercado no es el mejor ámbito para que haya niños, es un lugar de trabajo", agregó.

En eso coincidió Enrique Saavedra, coordinador de Políticas Públicas de la ONG Gurises Unidos, institución que hizo el relevamiento de 2003. "Hay una serie de códigos y elementos que no son propios para el niño y el

adolescente, por cómo se manejan, cómo son las transacciones, el ambiente, el lugar. Nuestra experiencia es que esos niños estaban expuestos a muchas situaciones de riesgo", sostuvo.

Los niños trabajan de madrugada, levantan peso excesivo para su edad, están rodeados de hombres adultos, esquivando máquinas, carros, vehículos y montacargas. Uno, por ejemplo, chocó a una mujer que caminaba entre los puestos.

Las pocas mujeres que se ven a esa hora son mayoritariamente mozas de bares cercanos que venden comida y bebida, que necesitan un permiso para ingresar. Otras ayudan a familiares en los puestos. Y también están las que llaman la atención por su vestimenta provocativa y maquillaje. "Lo que sí se ve mucho son mujeres que van a vender pero que van con doble sentido. Venden café, refuerzos, pero van para otra cosa", contó un comprador que llega desde Salto los jueves a las 6 de la mañana, cuando comienza la comercialización.

Otro puestero coincidió con esa visión: "Venden café, pero después entran en confianza y ofrecen otros servicios".

Amado quedó sorprendido cuando se le contó sobre los "otros servicios" que se ofrecen. "No hay violación a las leyes en el ámbito del Mercado. Lo que se haga afuera no sé", sostuvo. Sin embargo, la existencia de niños trabajando ya es de por sí una violación a las normas.

Además, operadores afirman que si bien no se comercializa droga en el Mercado, sí hay jóvenes que van a vender "cosas" para poder adquirir pasta base. "El tema es que algunos les compran", dijo un puestero.

EN FALTA. En el puesto de Juan un adolescente está recostado sobre bolsas de papa. Terminó de cargar hace un rato un camión y descansa hasta que le toque el próximo. Faltan pocos minutos para las 4 de la mañana y mira hacia la nada. Su pelo está teñido de rubio. Su vaquero limpio y su gorra negra impecable. Es que en eso, dice, gasta la mayor parte de lo que gana por día, unos $ 350. Y alguna vez, cuando su madre anda "muy corta" de dinero, la ayuda con algo. Pero esas veces son las menos. Lo que en su casa nunca falta es la verdura: los puesteros se la dan.

Trabaja en el Mercado desde hace dos años, cuando tenía 14. Parece tener menos de 16, como sucede con la mayoría de los adolescentes que se ven allí. Llegó por unos primos y unos conocidos. No se fue más.

Va todas las noches, sobre las 22, y carga y descarga hasta la mañana siguiente. Después regresa a su casa. A veces duerme un rato. Muchas otras sigue de largo, dice. De estudiar no quiere ni hablar.

En los dos años que trabaja allí nunca le pidieron un carné de permiso laboral -que otorga el INAU desde los 15 años y que no tiene- o una identificación. Además, cobra en negro. "Los gurises que van, no creo que tengan permiso", agrega el comprador de Salto.

Respecto a los controles sobre trabajo infantil, el secretario de la Comisión Administradora del Mercado, respondió: "Les dimos participación al INAU, a las autoridades competentes. No es un tema de que nos desborde la situación, es un tema de competencias. Ni siquiera es competencia del Ministerio del Interior".

El INAU admite que no efectuó inspecciones en los últimos tiempos en el Mercado Modelo. "Es una falta de la Inspección. Pero no lo hemos hecho porque no tenemos cómo hacerlo en cuanto al número de personal y la forma de poder ingresar. Es un debe importante", afirmó Graciela Pardo, directora del Departamento. Para el año próximo esperan duplicar la cantidad de inspectores, dijo.

De todos modos, sería necesario hacer un "operativo" conjunto de varios organismos. "Así tuviera 20 inspectores yo no puedo decir: `Ustedes dos vayan al Mercado`, por el riesgo que es para el inspector". No obstante, informó que no han recibido denuncias sobre niños trabajando en el Mercado muchas horas y levantando peso, lo que sucedía años atrás.

¿oportunidad? Miguel carga y descarga. Luce como cualquier chiquilín de barrio: equipo deportivo, su cabello natural, sin gorro. El sudor en su cara aniñada muestra que hace horas que hace esa tarea. Tiene 15 años y trabaja hace un año y medio en el Mercado.

Dice que va al liceo y que gana $ 200 por día más comida. Siempre mirando al suelo, cuenta que a los padres no les gusta que vaya al Mercado. "Pero vengo igual", remarca. El dinero no lo usa para salir sino para "joder".

Algunos puesteros, si bien emplean a niños, también están atentos a que continúen con sus estudios. Es el caso de Juan, el patrón de los dos adolescentes. "Otros dos gurises trabajan y van a la escuela. Yo les pido que me traigan el carné. Y traen muy buenas notas. Uno muy bueno sote y otro muy bueno", comenta.

Para Juan y otros operadores, como el que había instalado el merendero, darle trabajo a un niño es incluso brindarle una oportunidad: la de tener un oficio cuando no quieren o no pueden estudiar. "El trabajo en el Mercado ha sacado a gurises de la calle. Después quedan con un oficio, siguen trabajando en los puestos", asegura.

En otro sector del Mercado un niño con una camiseta de fútbol carga un cajón de lechuga tras otro. Parece tener 8 años pero Pablo, uno de los puesteros que le da trabajo, dice que tiene 12. Y también cree que trabajar en este caso es positivo. "Sus padres son adictos a la pasta base. Él está acá como una forma de salir de esa situación. Va a la escuela", comenta.

Los chicos que rompen con su cotidianidad familiar también pierden los lugares propios de la infancia: la familia y, a veces, también la escuela. "Va a tener costos muy duros para el futuro. Es distinto si está de día en un puesto barrial que si está en el Mercado Modelo, que puede significar un ambiente hostil", dijo Saavedra.

Dos niños revuelven un cajón de boniatos. Están sucios y parecen de 10 años, pero aseguran que tienen 14 y 16. Van todas las noches. El mayor dejó la escuela en cuarto año porque no le "gusta". Juntan verduras para llevar a su casa, mientras preguntan si alguien precisa una mano. "Me pagan hasta $ 400 por descargar un camión", dice el de 16.

Cuando amanece, el trabajo sigue pero el ambiente cambia. A las 7 y 30 vecinos, hombres y mujeres, se entremezclan al comprar con minoristas. También hay niños, algunos de túnica, que requechean. Otros de 12 y 13 años juntan verduras y frutas para llevarlas a un carro parado sobre Avenida Centenario, donde los esperan adultos.

RAZONES. Para Amado la disminución de la cantidad de niños que trabajan en el Mercado se debe a gestiones que efectuó la Comisión Administradora en 2006 ante el INAU, organismo que tomó acciones: mayor vigilancia y trabajo social.

Juan recuerda claramente ese momento. "Vinieron unas asistentes sociales y hablaron con un chico que empezó a trabajar acá a los 9. Lo mandaban los padres. Me acuerdo que colgaba la túnica ahí y cargaba cajones. En su casa tenía que esconder el dinero que ganaba para que no se lo robaran porque era el único que trabaja en la familia. Ahora no viene más", recuerda.

Especialistas consultados vinculan la disminución de niños trabajando a programas del Ministerio de Desarrollo Social, mayor cobertura de asignaciones familiares y a proyectos sociales que actúan en la zona.

Entre ellos destacaron la Casamiga N°6 y el programa Cardal de la ONG Cippus, que intenta eliminar las situaciones de trabajo infantil, reconvirtiendo la labor de los mayores de la familia y brindándole más herramientas a los jóvenes.

De todos modos, medio centenar de niños sigue trabajando en el Mercado.

Las autoridades aseguran que hay controles en las 13 puertas oficiales por donde entran vehículos, pero que hay libre circulación en los ingresos de los operadores.

En las tres oportunidades en que El País concurrió, pudo acceder por una entrada vehicular y peatonal sobre Avenida Centenario sin que se pidiera identificación.

Las autoridades son conscientes que el ingreso no está totalmente controlado. Apuestan a revertir la situación en el nuevo Mercado, cuya construcción se licitará en 2010.
La cifra

864.000 Pesos, equivalentes a 2.000 Unidades Reajustables, es el máximo de multa que debe pagar quien emplea a un menor de 15 años.
En el mundo trabajan 158 millones de niños

El proyecto de investigación plasmado en esta nota obtuvo una mención especial en el "Premio Proniño", primera edición del concurso de Investigación Periodística sobre Trabajo Infantil en Uruguay; convocado por Movistar para su programa contra el trabajo infantil y la agencia "Vos y voz".

"El concepto de Trabajo Infantil refiere a aquellas actividades económicas y/o modos de supervivencia, remuneradas o no, llevada a cabo por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años", indica el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI).

Unicef define el trabajo infantil como "cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo". Este tipo de trabajo se considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse, según esa organización, que calcula que en el mundo hay 158 millones de niños y niñas entre 4 y 14 años que trabajan.

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay prohíbe todo trabajo que no permita al niño o adolescente gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa. También fija que el Estado está "obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social".

Un convenio internacional al que suscribió Uruguay en 1956 indica que los niños no pueden trabajar entre las 22 y las 6 de la mañana, dijo Graciela Pardo del INAU.
Denuncias de trabajo infantil: 18 este año

"En lo que va de 2009 recibimos sólo 18 denuncias" de trabajo infantil, contó Graciela Pardo, directora de Inspección Laboral del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). De ellas, 11 son del Interior y siete de Montevideo. "Pero la mayoría no se han podido comprobar. Creo que debería estudiarse por qué la sociedad uruguaya no denuncia".

Pardo dijo que también están "otorgando muy pocos carné de trabajo (a adolescentes entre 15 y 17 años) en relación a los entre 35.000 y 40.000 niños y adolescentes que trabajan en el país, según las encuestas. Y el Estado, a través de nuestro Departamento, otorga anualmente unas 2.500 autorizaciones".

"Hay que romper esa idea de que el trabajo es bueno, es bueno pero a determinada edad. Y la educación no se está cumpliendo. En 2009 el 60% de los adolescentes que tramitaron el carné de trabajo en el Interior no tenían el ciclo básico completo. Y en Montevideo es el 45%, donde hay una escuela y un liceo en cada esquina". Para denunciar, llamar al 0800 50 50.
CLAVES

En 2003.

La Intendencia y la Comisión Administradora del Mercado Modelo licitaron que se hiciera un relevamiento sobre trabajo infantil.

Resultado.

El estudio, efectuado por la ONG Gurises Unidos, detectó a 216 niños que trabajaban allí.

En 2007.

El Mercado Modelo planteó al INAU que efectuara un nuevo informe, que estuvo a cargo del programa Calle y Casamiga N° 6.

Resultado.

Relevaron a 148 niños que trabajaban en el Mercado.

En 2009.

El País concurrió dos madrugadas al Mercado Modelo y una mañana. Pudo detectar a unos 50 niños en distintas tareas. El INAU no realiza inspecciones allí.

Disminución.

La menor cantidad de niños es atribuida a políticas y planes sociales efectuados por ONGs e INAU.

El País Digital, domingo 13 de diciembre de 2009.

lunes, 2 de noviembre de 2009

ELECCIONES URUGUAY: PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LOS PRESIDENCIABLES ELECTOS PARA EL BALLOTAGE.

En esta campaña electoral, hemos escuchado reproches, insultos, se nos ha invitado a un "plebiscito" que nos obliga a mirar atrás y a confrontar.

Nos gusta más la idea de mirar hacia el futuro, comparando propuestas, y por eso dejamos a disposición los Programas de gobierno de los respectivos candidatos al balotage.



Partido Nacional (Lacalle-Larrañaga):

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Frente Amplio (Mujica-Astori):

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Arriba Uruguay!

martes, 6 de octubre de 2009

ENTREVISTA A WILLIAM URY

Experto en negociaciones políticas y empresariales, William Ury afirma que la del conflicto "es una industria creciente" aquí y en todo el mundo, un resultado positivo de la revolución democrática que se ha dado en todos los ámbitos


"A mediados de 2007, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba enfrascado en un rabioso conflicto con la oposición y con los medios de prensa independientes. Los niveles de violencia entre unos y otros aumentaban y nadie descartaba enfrentamientos civiles. Chávez recurrió a Jimmy Carter para que le aconsejara qué hacer y el ex presidente de Estados Unidos envió un emisario.

William Ury -el hombre reconocido como el mejor negociador del mundo- llegó así a Caracas enfundado con el mote de "yanqui" con el que el presidente venezolano se refiere despectivamente a los estadounidenses.

"Me preparé para una reunión de cinco minutos", cuenta ahora con una sonrisa este profesor de la Universidad de Harvard, cofundador del Programa de Negociación de esa casa de estudios, y autor, entre otros libros, de Sí?de acuerdo , un texto que vendió cinco millones de copias en todo el mundo y fue traducido a 20 idiomas. Pero no fue así. Como buen negociador, no impuso ningún tema de agenda sobre la mesa y se limitó a escuchar. Chávez, suelto de palabras como es, empezó a hablar. "A la hora y media de conversación, el presidente me miró y me dijo: ¿Qué tengo que hacer?´. Y ése fue el comienzo de un camino de acuerdos que terminó con un referéndum para ver si Chávez seguía o no en el poder", relata Ury, hoy en Buenos Aires, durante su encuentro con Enfoques.

Además de su paso por la Venezuela de Chávez, Ury intervino en varios conflictos internacionales, como el de Rusia y Chechenia, y en centenares de problemas que se dan entre empresas.

"Hoy, el conflicto es una industria creciente en todo el mundo. Y la Argentina no es la excepción", dice este mega best seller que vive arriba de los aviones porque da conferencias por todo el mundo. Mide cada palabra, jamás interrumpe y siempre sonríe. Le cuesta dar alguna sentencia sobre la coyuntura o sobre algún conflicto en particular, pero en la Argentina de las protestas cada vez más virulentas, de los cortes de calles y de la falta de diálogo, no asociar sus palabras a la coyuntura criolla es poco menos que imposible. Toda su teoría se podría reducir en una oración, que largó casi al final de la charla: "Si Dios nos dio dos oídos y una sola boca es porque hay que saber escuchar".

"Viene seguido por la Argentina", preguntó este cronista. "Sí, claro. Desde 1992 vengo periódicamente", contestó. "Entonces conocerá los conflictos que existen en país", indagó La Nacion. "Noooo, no puedo decir eso. Cuando uno viene de afuera es fácil hacerse una rápida impresión. Pero es una situación muy compleja", advirtió. Así empezó la charla, cosa de que no quedaran dudas de que, sobre coyuntura y política, más vale ni preguntar. Así empezó la charla con el hombre que el día anterior, en un seminario organizado por HSM, había reunido a 600 ejecutivos que terminaron ovacionándolo.

-Usted dice que esta es la primera generación que tiene que negociar. ¿Por qué dice eso?

-Esta es la primera vez que todos los seres humanos tienen que tomar decisiones, y eso tiene que ver con la revolución democrática que se ha dado. La revolución democrática no se ha dado solamente en la política, sino también dentro de las empresas. Todos tienen y deben tomar decisiones de manera compartida. Eso es un cambio importante, porque antes, hace algunos años, las decisiones se tomaban en la cima del poder y los demás acataban órdenes, pero ahora eso cambió. Ahora la negociación es vital para todos... negocios, gobierno, familia... Todos negocian.

-¿Quiénes recurren más a la negociación, las empresas o los gobiernos?

-En todos lados hay mucha negociación. Lo que sucede es que en los negocios están tomando un rol mucho más importante porque allí es donde la innovación se ve más claramente, la innovación es más rápida que en un gobierno. En un negocio se ve primero la innovación, y luego, a veces, los gobiernos adoptan alguna de esas prácticas de las empresas.

-¿Esta es una práctica desarrollada por las empresas para ser tomadas por los gobiernos?

-Los gobiernos son mucho más lentos y más conservadores, por eso las innovaciones están más cerca de los negocios. Los ejecutivos tienen que responder rápidamente y, si no lo hacen, pues están fuera del negocio. Tienen mucho más apuro. En cambio, los gobiernos se mantienen durante un largo tiempo.

-¿Es más fácil negociar con gobiernos o con empresas?

-Yo creo que en el mundo de los negocios es algo más fácil. Es un sector en donde enseguida uno puede saber si el resultado es exitoso o no. La gente está más abierta a cambiar. Entre los gobiernos las cosas son mucho más complejas. Pero la gran diferencia es que a veces en el mundo de los negocios suele haber un incentivo a decir que sí. Muchas veces hasta suele haber premios por decir que sí, mientras que en los gobiernos los incentivos son más para decir que no.

-¿Qué cree que ha pasado en el mundo desde la crisis hasta ahora?

-¿Cuál crisis? [contesta sonriendo]. Porque el mundo está lleno de crisis...

-Le pregunto por la crisis financiera.

-El mundo está en un permanente estado de crisis. Yo estudié, me formé y estoy en la práctica de la negociación desde hace 30 años. Nunca, jamás, me había encontrado con un tiempo como el del año pasado en que las necesidades de estrategias de negociación fueron cada vez mayores. Eso se refleja en cada rincón del mundo por el que he andado. Y ahora que he llegado a la Argentina, me doy cuenta de que acá también hay cada vez mayor necesidad de negociar. Hoy el conflicto es una industria creciente, y la Argentina no es la excepción. Y ahora más que nunca se ve la necesidad de formar una cooperación constructiva. Hay que saber que no se va a poder resolver todo. Hay que lidiar con estos problemas de una manera constructiva. No se puede buscar la paz en todo como se trataba de lograr antes.

-¿Hay algo positivo en todo esto?

-¡Sí, claro!. Estamos en un momento de aprendizaje global. Hay una generación entera que está aprendiendo acerca de los problemas de la democratización, de la globalización... En estos tiempos que corren, la lógica básica del conflicto cambió y, consecuentemente, la manera que se trata ahora de ganar, de conseguir una victoria, no es como antes. No se trata de dejar al adversario vencido, sino que ahora, la mayoría de las veces, las dos partes terminan perdiendo. Eso se ve en los conflictos laborales, en la familia, en los negocios: todos terminan perdiendo. Es en estos momentos de crisis cuando la gente se da cuenta de que tal vez es mejor lidiar con estos conflictos de una manera diferente y se abren a nuevas formas de negociación.

-Lo que usted dice es que se necesita un momento extremo para aprender...

-Algo así, los humanos no aprenden de una manera fácil.

-¿Cómo ve el papel de los organismos internacionales como el G 8 o el G 20? ¿Es una etapa de más deliberación?

-Ahora al mundo se lo ve como un laboratorio que está aprendiendo. Hay más de 200 estados y decenas de miles de multinacionales y a eso se suma un enorme crecimiento de las organizaciones no gubernamentales. De ellas hay millones, que hace unos pocos años no existían. Esto hace que en los acuerdos internacionales los estados no sean los únicos actores. Eso se puede ver con el G 8 y el G 20, que se dan cuenta de que no se trata de meros países y de que sus decisiones van mucho más allá. El gran desafío es ver cómo se puede coordinar esto que está pasando. El G 8 y el G 20 solos no pueden hacer nada, tienen que tener cooperación de los demás. Pero le digo algo: parece que todo va en la dirección correcta.

-¿Por qué lo dice?

-El hecho de que se pase del G 8 al G 20, de que se agrande la mesa de discusión, es un buen paso. Ese es el fenómeno de esta revolución democrática, todos quieren estar en la mesa y ver qué está pasando. Todos quieren participar de las decisiones. Y eso es bueno, pero también hace que la toma de decisiones sea más complicada.

-En 2007, en medio de una crisis entre el gobierno del presidente Hugo Chávez y la oposición y los medios independientes, usted estuvo en ese país para negociar una salida al enfrentamiento. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Fui ahí a pedido del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Chávez le había pedido a Carter un asistente. Y llegué, un "yanqui", como nos llama Chávez a nosotros (sonríe).

-¿Lo recibieron bien?

-Bueno, fui allá con invitación... no me hubiese atrevido a ir sin ella...

-¿Cómo fue su encuentro con Chávez?

-Yo llegué y me dije: "Este hombre me va a recibir cinco minutos como para enterarse rápidamente de lo que tiene para decirle este profesor yanqui". Pero no fue así. Fue interesante porque fuimos sin una agenda prefijada.

-¿Cómo fue esa conversación?

-Excelente. Nosotros íbamos con una premisa de no dar ningún consejo. Ibamos a escuchar, nada más que a eso...

-Y Chávez habla mucho...

-(Risas) Imagínese que en vez de una reunión de cinco minutos estuvimos dos horas. Y después de una hora y media de estar hablando del conflicto, Chávez me preguntó. "¿Qué tengo que hacer?"

-¿Y qué le propuso?

-Que empezara a tener un diálogo indirecto con la oposición para intentar armar un código de conducta y empezar a conducir la crisis. Era necesario bajar el nivel de desconfianza mutuo y reducir el nivel de tensión que había entre las partes.

-¿Y se entendieron enseguida?

-Había un alto grado de agresión entre unos y otros. El presidente Chávez hablaba de "monos" y la oposición decía: "Esto es el Apocalipsis...", imagínese. Pero se empezó a elaborar un código de conducta, que asegurara una cobertura de prensa algo más independiente y que se avanzara en un referéndum para ver si el presidente Chávez seguiría o no el gobierno. Mi rol fue tratar de conseguir un acuerdo entre dos facciones que estaban en guerra, con las reglas de la guerra, que buscaba evitar una situación que podía terminar en violencia, al estilo de una guerra civil como la que hubo en Colombia. Fue una experiencia interesante.

-¿Cómo abordaría un conflicto como el de Argentina y Uruguay por las papeleras?

-En principio, con cuidado. Lo que realmente importa en esta situación es entender cuáles son nuestros intereses pero también los de la otra parte. Hay que entender que la otra parte no es sólo Uruguay sino que es mucho más complejo. Pero lo primero que haría es sentarme a escuchar qué es lo que quiere la otra parte, para entender sus intereses. Después vendrá alguna solución, pero primero hay que entender qué está pasando. Hay muchos problemas de este tipo en todo el mundo que fueron resueltos en forma positiva. Estados Unidos tiene un caso similar con Canadá, por ejemplo, y si bien no son temas fáciles de resolver, se pudo avanzar.

-¿Cuál es su opinión del enfrentamiento que existe en la Argentina entre el Gobierno y el campo?

-Sólo he escuchado algo de este conflicto. Pero quiero seguir subrayando la importancia de escuchar, respetar y la importancia de incluir a todos en la mesa. Me parece que cuando el conflicto se empantana y no se avanza, muchas veces es recomendable buscar una tercera parte, alguien imparcial para que dé su opinión y ayude. En estos procesos suelen salir ideas creativas que cuando se comenzó nadie hubiese creído que se podrían haber puesto sobre la mesa. Pero que le quede claro una cosa: si Dios nos dio una boca y dos oídos es para escuchar más que para hablar.


El hombre que nunca decía "sí"

William Ury estaba frente a 600 ejecutivos el jueves, a una cuadra del Obelisco. El experto más conocido del planeta en materia de negociaciones y resoluciones de conflictos había llegado unos minutos tarde al seminario. ¿El motivo de la demora? Pues un conflicto. Justo la mañana en que debía dictar su conferencia sobre negociación, un grupo piquetero se había adueñado de varios carriles de la avenida 9 de Julio para hacer escuchar su protesta.

La demora pasó, y Ury empezó con su charla. Habló de su experiencia en Chechenia, de su misión para tratar de acercar a los líderes chechenos y rusos, allá por los años 90. En uno de sus libros, El poder de un no positivo, recuerda las agresiones verbales que alguna vez le propinó el vicepresidente de Chechenia y de lo cerca que estuvo de replicar. Pero esperó. Dejó pasar un tiempo y retrucó. "Las críticas que me hace son para mí una señal de que estamos entre amigos y podemos hablar francamente. Estamos aquí para tratar de encontrar una forma de poner fin al sufrimiento y al derramamiento de sangre en Chechenia. Tratemos de aplicar unas medidas prácticas que podamos aplicar desde hoy mismo", dijo. Asegura que la conversación se encarriló y que ese fue su Sí. Ury ha hecho un culto de la utilización del Sí y del No. De hecho, sus principales libros son Supere el No, El poder de un No positivo y ¡Sí!... de acuerdo.

En su conferencia, recordó una anécdota personal de cuando estaba buscando financiamiento para un libro sobre el Sí. Uno de los que lo llamó fue Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo. Ury recuerda el encuentro.

"Me junté a desayunar con Warren y lo primero que me dijo fue: ´William, ¿por qué voy a financiar un libro sobre el Sí, si yo me la paso diciendo que no. A mí me traen centenares de negocios y yo les digo no, no y no. He dicho cinco o seis veces que sí y, mirá, mal no me ha ido. Soy millonario´. Entonces -prosigue Ury- yo le dije: ´Lo que pasa es que esos son los no que sirven, los que son positivos, los no que siempre nos conducen a un sí.´"
Mano a mano

William Ury se mueve como un pez en el agua en un hotel cinco estrellas, donde transcurre gran parte de su vida. Aunque vive en Colorado, Estados Unidos, y enseña en la Universidad de Harvard, este reconocido negociador recorre continuamente el mundo para dar conferencias, presentar libros o ayudar a destrabar conflictos.

Venía de San Pablo, pasó dos días en Buenos Aires y volvía a Estados Unidos. Allí tenía agendada una serie de reuniones con legisladores que quieren conocer de qué se trata su último proyecto: The Abraham Path Initiative. Allí, en Medio Oriente, quiere crear un corredor turístico que siga el camino de Abraham, un figura conciliadora entre el cristianismo, el judaísmo y el islam.

No le teme a ninguna pregunta aunque parece conocer todas las tretas que existen para escaparse del caso puntual o de las referencias a situaciones coyunturales. Lo suyo es escuchar y medir sus palabras. Y cuando habla, cuando le toca responder, siempre lo hace con tono seguro y dejando poco resquicio para el entrevistador.

lanacion.com

Extraído de odrlatinoamericana.ning.com

martes, 29 de septiembre de 2009

NOTICIAS DE LA OMPI

En su declaración de apertura de la serie de reuniones anuales de las Asambleas de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Director General Francis Gurry pidió a los Estados miembros que colaboren para velar por que el sistema de P.I. sirva de estímulo a la hora de buscar soluciones a los problemas mundiales que afrontan los encargados de formular políticas en todo el mundo.

El Sr. Gurry dio la bienvenida a más de 40 ministros que tomarán parte en la sesión de alto nivel que se organiza por primera vez en esas reuniones. El Sr. Gurry declaró que su participación refleja el reconocimiento cada vez mayor de que “la P.I. sigue siendo considerada el principal medio de crear un entorno seguro para las inversiones, la innovación y la creatividad y la difusión de productos y servicios innovadores y creativos”. El Sr. Gurry hizo un llamamiento a los 184 Estados miembros de la Organización a fin de que encuentren un “modo equilibrado de avanzar” en la actividad normativa de la Organización, y les instó a hacer gala de la flexibilidad y comprensión necesarias para examinar las cuestiones que se les plantean.

El Señor Gurry señaló los avances realizados en el proceso de renovación organizativa que forma parte del programa de alineación estratégica de la Organización y esbozó las distintas iniciativas emprendidas para fomentar una cultura orientada hacia la prestación de servicios en la OMPI. El Sr. Gurry prosiguió exponiendo algunos de los desafíos más importantes que afrontan la Organización y la comunidad de P.I. en general.

Con respecto a la repercusión de la crisis económica mundial, el Sr. Gurry dijo que en 2009 se prevén unos índices de crecimientos negativos en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (-5%) y en el Sistema de Madrid de registro internacional de marcas (–10%). El Sr. Gurry señaló que si bien se espera que a lo largo de 2010 permanezca estacionaria la demanda de servicios de la Organización, que genera el 93% de sus ingresos, confía en que esta se reactive en 2011. El Sr. Gurry señaló que, a pesar de los efectos a corto plazo de la crisis económica, “es evidente que la tendencia a largo plazo es hacia la intensificación constante del uso del sistema de P.I. en el que los conocimientos y la educación constituyen el elemento central de la economía, el desarrollo y el cambio social”.

Al tratar de la cuestión del desarrollo y la reducción de la pobreza, el Sr. Gurry dijo que aumentar la capacidad de participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) en la economía de los conocimientos y en sus beneficios constituye el principio en que se basa la adopción del Programa de la OMPI para el Desarrollo. “Ahora nos encontramos en la etapa en que hemos de transformar esa idea en una realidad práctica” afirmó el Sr. Gurry, y añadió lo siguiente: “Esa transformación sólo tendrá lugar con el esfuerzo y el empeño conjuntos de los Estados miembros y la Secretaría”. El Sr. Gurry hizo hincapié en la necesidad de que los Estados miembros y la Secretaría sean ambiciosos e identifiquen y ejecuten proyectos que permitan obtener resultados tangibles. El Director General afirmó que en las actividades tradicionales de la OMPI de fortalecimiento de las capacidades se tratará de establecer “una mayor vinculación entre los objetivos, prioridades y recursos económicos de los países para que el sistema de P.I. esté a la altura de las circunstancias económicas y la sociedad a la que sirve”.

El Director General exhortó a los Estados miembros a que encuentren puntos de convergencia para avanzar en la labor normativa de la Organización. En caso contrario, afirmó el Director General, resultará perjudicado el multilateralismo y se dará paso a acuerdos bilaterales y plurilaterales en un momento en que se está intensificando en todo el mundo el uso de las tecnologías. El Sr. Gurry afirmó lo siguiente: “La implantación mundial de las tecnologías exige una arquitectura normativa mundial que garantice la disponibilidad efectiva de esas tecnologías en todo el mundo.”

Asimismo, el Sr. Gurry declaró lo siguiente: “Para seguir siendo un órgano normativo relevante, la Organización ha de poder ocuparse de todas las frecuencias del espectro del desarrollo tecnológico… ha de poder dictar normas para los avances de la tecnología más recientes y para los sistemas de conocimientos tradicionales… en realidad, una organización mundial debe poder ocuparse de todos los ámbitos del espectro.” A ese respecto, el Sr. Gurry pidió a los Estados miembros que “hagan gala de la flexibilidad y comprensión necesarias” para renovar el mandato del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de manera que se puedan obtener resultados tangibles a nivel internacional.

En cuanto a la cuestión del derecho de autor en el entorno digital, el Sr. Gurry aludió a los “turbulentos cambios” que se están produciendo y que “ponen en tela de juicio el derecho de autor como institución”. El Sr. Gurry afirmó que a pesar de que el objetivo del derecho de autor consiste en “proporcionar un mecanismo comercial que permita extraer valor a partir de las transacciones culturales, de modo que los creadores puedan vivir dignamente de sus creaciones y, a la vez, asegurar la mayor disponibilidad posible de esas creaciones en condiciones accesibles”, lo que está en juego son “los medios de lograr ese objetivo, habida cuenta del auge del entorno digital.”

El Director General pidió a los Estados miembros que consideren la posibilidad de celebrar “consultas a nivel mundial”, el año que viene, para reflexionar sobre la cuestión tan fundamental de los medios de financiación de la cultura en el siglo XXI. El Sr. Gurry señaló que la piratería constituye un problema mundial y pidió a los gobiernos que se planteen la pregunta siguiente: “¿Cómo podemos hacer el valer el derecho de autor en el entorno digital cuando no es posible diferenciar la calidad de los originales y las copias, y cuando los medios de reproducción y de distribución están al alcance de cualquiera por un precio insignificante?”

En relación con la nueva meta estratégica denominada “Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.” para establecer plataformas de intercambio y difusión de prácticas óptimas, el Director General citó varios resultados concretos que ya se han obtenido. Entre estos figuran la creación de programas de digitalización destinados a las oficinas de los países en desarrollo y la instauración de centros de tecnología e innovación, y la puesta en marcha de bases de datos mediante las que los países menos adelantados tienen acceso a publicaciones científicas y técnicas de manera gratuita.

En este sentido, el Director General mencionó la hoja de ruta del PCT que tiene por fin mejorar el funcionamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un tratado procedimental que vincula a las oficinas de patentes de todo el mundo. El Director General añadió lo siguiente: “También tiene por objetivo encontrar el modo de intensificar, con carácter voluntario, las actividades de división del trabajo entre dichas oficinas, disminuir las posibles ineficiencias, mejorar la calidad de los resultados del sistema internacional de patentes y, de este modo, contribuir a reducir el apreciable volumen de trabajo atrasado respecto de la tramitación de 4.200.000 solicitudes de patente en el mundo que todavía no han sido examinadas.” El Sr. Gurry hizo hincapié en que no se trata de una actividad normativa. Asimismo, mencionó varias iniciativas plurilaterales para examinar esta cuestión y declaró que el objetivo de la hoja de ruta es reunir todas esas iniciativas bajo la égida multilateral del PCT.

Por último, el Director General destacó el renovado compromiso de la OMPI a la hora de participar en los debates sobre cuestiones mundiales de política pública, como la del cambio climático, y declaró que, “la innovación tecnológica será esencial en las iniciativas mundiales que se adopten para afrontar los problemas derivados del cambio climático”. Asimismo, añadió lo siguiente: “La experiencia del sistema de P.I. y de la comunidad de P.I. en la creación, comercialización y difusión o transferencia de tecnología puede aportar una contribución muy positiva”. El Sr. Gurry también mencionó la creación de una plataforma con los sectores interesados para mejorar el acceso que tienen las personas con discapacidad visual a obras publicadas.

El Sr. Gurry dio las gracias por la labor desempeñada al Presidente saliente de la Asamblea General de la OMPI, Embajador Martin I. Uhomoibhi, Representante Permanente de Nigeria ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El Embajador Uhomoibhi instó a los delegados a que colaboren para hallar soluciones a los desafíos que afrontan la OMPI y la comunidad de la P.I. en general. El recientemente elegido Presidente de la Asamblea General, Embajador Alberto Dumont, Representante Permanente de la Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, dijo que las Asambleas ofrecen la oportunidad de establecer estrategias para afrontar los nuevos desafíos e instó a los delegados a que colaboren y muestren flexibilidad en los debates para promover el objetivo común de garantizar que la OMPI siga creando programas al servicio del bienestar general.

El Embajador Dumont saludó la convocatoria de la sesión ministerial de alto nivel, que tiene lugar por primera vez en la historia de la OMPI. Según afirmó el Embajador, esto constituye una “clara demostración de la importancia que ha adquirido la P.I. en el ámbito de la política pública y, por lo tanto, en los círculos capacitados para la toma de decisiones en los gobiernos. La sesión de alto nivel constituye un foro singular para los casi 50 ministros que nos honran con su presencia y en ella se pondrán de manifiesto las oportunidades y los desafíos que tendrán que afrontar los encargados de formular políticas en el futuro.”

Las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI se reunirán en Ginebra del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2009 para pasar revista a las actividades realizadas y examinar la labor futura de la Organización.

Para más información, diríjase a la Sección de la OMPI de Relaciones con los Medios de Comunicación:

* Tel.: (+41 22) 338 81 61 ó 338 95 47
* Fax: (+41 22) 338 82 80.
* Correo-e: publicinf@wipo.int

Fuente: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0036.html



jueves, 20 de agosto de 2009

LA CARA OCULTA DE FACEBOOK. PARA ANALIZAR.-

Comparto este video que extraje de la Comunidad de Derecho Informático del Dr. Guillermo Zamora, sobre aspectos que aceptamos sin leer de FACEBOOK, y que conviene que sepamos.-



Fuente: derechoinformatico.ning.com

martes, 11 de agosto de 2009

MEMORANDUM SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA VIDA PRIVADA EN LAS REDES SOCIALES EN INTERNET, EN PARTICULAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.-

CONSIDERACIONES GENERALES



La Sociedad de la Información y el Conocimiento, con herramientas como Internet y las redes sociales digitales, es una oportunidad inestimable para el acceso e intercambio de información, propagación de ideas, participación ciudadana, diversión e integración social, especialmente a través de las redes sociales.



Los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación, que les permiten obtener todos los beneficios que ellos representan, pero esta situación también ha llevado al límite el balance entre el ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos —para la vida privada, el honor, buen nombre, y la intimidad, entre otros— que, así como los abusos de los cuales pueden ser víctimas —como discriminación, explotación sexual, pornografía, entre otros— pueden tener un impacto negativo en su desarrollo integral y vida adulta.



En América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, se están realizando esfuerzos, dentro de la diversidad social, cultural, política y normativa existente, para lograr consenso y racionalidad de modo tal de establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos y la protección ante los riesgos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En ese sentido, podemos citar, entre otros, los más recientes documentos: el Acordo que põe fim à disputa judicial entre o Ministerio Público Federal de Brasil e a Google [1] (de 1 de julio de 2008); la Child Online Protection Initiative [2] del la Unión Internacional de Telecomunicaciones (del 18 de mayo de 2009); la Opinion 5/2009 on online social networking,[3] del Grupo Europeo de Trabajo del Artículo 29° (del 12 de Junio de 2009); el Rapport de conclusions de l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) contre Facebook Inc. / Report of Findings into the Complaint Filed by the Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) against Facebook Inc.[4] (del 16 de Julio de 2009).[5]



Las recomendaciones que se presentan a continuación son una contribución para que los diversos actores involucrados de la región se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la Sociedad de la Información y Conocimiento, incluyendo Internet y las redes sociales digitales, así como prevenir aquellas prácticas perjudiciales que serán muy difíciles de revertir, así como los impactos negativos que las mismas conllevan.



Cualquier acercamiento al tema requiere que se consideren dos dimensiones. Por un lado el reconocimiento que niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos, y por tanto pueden ejercerlos en función de su edad y madurez, además que sus opiniones deben ser consideradas en función de sus edad y madurez, por otro, el hecho de que por su particular condición de desarrollo tienen el derecho a una protección especial en aquellas situaciones que pueden resultar perjudiciales para su desarrollo y derechos.



El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto para asegurar la autonomía de los individuos, decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado como de organizaciones privadas, de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias, en dicha esfera personal. En particular debe protegerse la información personal de niñas, niños y adolescentes sin que se afecte su dignidad como personas ya que ellos tienen una expectativa razonable de privacidad al compartir su información en ambientes digitales, dado que consideran que se encuentran en un espacio privado.



En este sentido, se recuerda la importancia de que las niñas, niños y adolescentes sean consultados y sus opiniones sean tomadas en cuenta en las medidas que se implementen en esta materia.



La sociedad civil espera de los agentes económicos la declaración de adhesión a principios, actitudes y procedimientos que garanticen los derechos de los niños, niñas e adolescentes en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.



En lo que refiere a la erradicación de la pornografía infantil en Internet, se espera un esfuerzo conjunto de todos los actores responsables —gobiernos, policía, proveedores de acceso y de contenidos, sociedad civil, sector privado— en el plano nacional, regional e internacional para movilizar e involucrar un número cada vez mayor de empresas, organizaciones públicas y de la sociedad civil.



Para estas recomendaciones se han tenido en cuenta las particularidades de género y la diversidad cultural que se presenta en América Latina y el Caribe, así como la variedad de políticas y de normativas en la manera de enfrentarse al fenómeno de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con especial énfasis en Internet y las redes sociales digitales.



Los organismos multilaterales deberán incluir en sus documentos, directrices o recomendaciones a las niñas, niños y adolescentes, como sujetos especialmente protegidos y vulnerables respecto del tratamiento de sus datos personales. Asimismo deberán enfocar esfuerzos para promover o fortalecer una cultura de protección de datos en las niñas, niños y adolescentes.



Las presentes recomendaciones utilizan como referente normativo fundamental la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), instrumento ratificado por todos los países de la región, en el que se reconoce claramente la responsabilidad compartida dentro de sus ámbitos respectivos, de la sociedad y el Estado, en la protección de la infancia y la adolescencia. Esto a partir de tres consideraciones fundamentales: el reconocimiento del papel relevante que cumple la familia, o quien se encuentre del cuidado de las niñas, niños y adolescentes en el proceso de educación sobre el uso responsable y seguro de herramientas como Internet y las redes sociales digitales y en la protección y garantía de sus derechos; la necesidad de que todas las medidas que se tomen prioricen el interés superior de niñas, niños y adolescentes, guardando un equilibrio entre las necesidades de protección contra la vulneración de sus derechos y el uso responsable de esas herramientas que representan formas de ejercicio de sus derechos; y, que todo aquel que se beneficie de cualquier forma de Internet y de las redes sociales digitales son responsables por los servicios que proveen y por tanto deben asumir su responsabilidad en las soluciones a la problemática que se genera.



RECOMENDACIONES PARA LOS ESTADOS Y ENTIDADES EDUCATIVAS
PARA LA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES


Toda acción en materia de protección de los datos personales y vida privada de las niñas, niños y adolescentes [6] debe considerar el principio del interés superior [7] y el artículo 16 de la CDN que determina que: “(1). Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. (2). El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.



Es prioritaria la prevención, —sin dejar de lado un enfoque de políticas, normativo y judicial— para enfrentar los aspectos identificados como riesgosos de la Sociedad de la Información y Conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales, fundamentalmente por medio de la educación, considerando la participación activa de los propios niños, niñas y adolescentes, los progenitores u otras personas a cargo de su cuidado y los educadores, tomando en consideración como principio fundamental el interés superior de niñas, niños y adolescentes.



Para esto se debe tomar en consideración las siguientes recomendaciones:



1. Los Estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales. Es tarea del Estado y las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables, sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los ambientes digitales.



2. Toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad por tanto se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía de derechos que es adecuada al fin perseguido y que no existe otra medida que permite obtener los mismos resultados y sea menos restrictiva de los derechos.



3. Se debe transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Deben alertarlos para no dejarse engañar con la aparente sensación de que allí todo vale dado que todas las acciones tienen consecuencias.



Deben ser educados en el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales digitales. En particular:



3.1. La participación anónima o el uso de pseudónimos es posible en las redes sociales digitales. El proceso educativo debe reflexionar sobre los aspectos positivos del uso de pseudónimos como medio de protección y un uso responsable que —entre otras cosas— implica no utilizarlos para engañar o confundir a otros sobre su identidad real.



Las niñas, niños y adolescentes deben ser advertidos sobre la posibilidad de que cuando creen estar comunicándose o compartiendo información con una persona determinada, en realidad puede tratarse de otra persona. Al mismo tiempo es necesario advertir que la participación anónima o con un pseudónimo hace posible la suplantación de identidad.



3.2. En el proceso educativo es necesario enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre de terceras personas, entre otros temas. Es importante que las niñas, niños y adolescentes sepan que aquello que puedan divulgar puede vulnerar sus derechos y los de terceros.



3.3. Los niños, niñas y adolescentes deben conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación local y regional (en especial la pornografía infantil), el acoso (en especial el acoso sexual), la discriminación, la promoción del odio racial, la difamación, la violencia, entre otros, son ilegales en Internet y en las redes sociales digitales y están penados por la ley.



3.4. El proceso educativo debe proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de las niñas, niños y adolescentes de las políticas de privacidad, seguridad y alertas con las que cuentan los instrumentos de acceso y aquellos sitios web en los que las niñas, niños y adolescentes son usuarios frecuentes como las redes sociales digitales.



3.5. Se debe promover una política educativa —expresada en términos acordes a la edad de las niñas, niños y adolescentes — que incluya una estrategia informativa y formativa que los ayude a gestionar las potencialidades y los riesgos derivados de la Sociedad de Información y el Conocimiento, en especial del uso de Internet y de las redes sociales digitales.



3.6.. Asimismo se debe informar sobre los mecanismos de protección y las responsabilidades civiles, penales o administrativas que existen cuando se vulneran derechos propios o de terceros en la red.



3.7. Se debe advertir del peligro que supone el llamado robo y/o suplantación de identidad que se puede producir en los entornos digitales que inducen al engaño.



3.8. Es necesario explicar a las niñas, niños y adolescentes con un lenguaje de fácil comprensión el espíritu de las leyes sobre protección de datos personales y protección de la vida privada de modo tal que puedan captar la idea de la importancia del respeto a la privacidad de las informaciones personales de cada uno de ellos y de los demás.



3.9. Es necesario educar para la incertidumbre sobre la veracidad de los contenidos y la validación de las fuentes de información. Se debe enseñar a las niñas, niños y adolescentes a buscar y a discriminar las fuentes.



4. Se recomienda enfáticamente la promoción de una sostenida y completa educación sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en especial para el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales, particularmente por medio de:



4.1. La inclusión en los planes de estudios, a todos los niveles educativos, de información básica sobre la importancia de la vida privada y de la protección de los datos personales, y demás aspectos indicados en numeral tres.



4.2. La producción de material didáctico, especialmente audiovisuales, páginas web y herramientas interactivas (tales como juegos online) en el que se presenten los potencialidades y los riesgos. Estos materiales deberán incluir información acerca de los mecanismos de protección de los derechos.



La naturaleza de estos temas y materiales exige de la participación y discusión de los mismos por parte de todos los actores involucrados y con ello responder a las particularidades locales y culturales.[8]



4.3. Los docentes deben ser capacitados para facilitar la discusión y poner en contexto las ventajas y los riesgos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y en especial de Internet y las redes sociales digitales; pudiendo contar para ello con el apoyo de las autoridades de protección de los datos personales o de todas aquellas organizaciones que trabajen en este tema en los diferentes países.



4.4. Las autoridades educativas —con el apoyo de las autoridades de protección de datos (donde existan), el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y, cuando sea necesario, con la cooperación internacional— deben asistir a los docentes y apoyar el trabajo en las áreas descritas.



5. Las autoridades competentes deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos, que se generen como consecuencia del uso de Internet y las redes sociales digitales por parte de las niñas, niños y adolescentes, con un sentido didáctico, siempre considerando el interés superior de los mismos, sin vulnerar derechos y garantías, en particular el derecho a la educación.



RECOMENDACIONES PARA LOS ESTADOS SOBRE EL MARCO LEGAL


El marco legal que regula la Sociedad de la Información y Conocimiento en la región —en particular Internet y las redes sociales digitales— avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que le inspira y en la forma de proteger los distintos derechos. No obstante existe algún nivel de consenso en que existen suficientes principios fundamentales y constitucionales para iluminar las decisiones que se tomen en la materia.



La creación, reforma o armonización normativa deben hacerse tomando como consideración primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes , especialmente debe considerarse lo siguiente:



6. La protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional, aplicable al sector público y privado, que contenga los derechos y principios básicos, reconocidos internacionalmente, y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Los Estados deberán tomar en especial consideración, en la creación y en el desarrollo de dichas normativas, a las niñas, niños y adolescentes.



7. Debe asegurarse que cualquier acción u omisión contra una niña, niño o adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral a sus derechos.[9]



8. Los Estados deben legislar el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes directamente o por medio de sus representantes legales, a solicitar el acceso a la información que sobre si mismos se encuentra en bases de datos tanto públicas como privadas, a la rectificación o cancelación de dicha información cuando resulte procedente, así como a la oposición a su uso para cualquier fin.



9. Debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet (públicos o privados) que puede incluir, por ejemplo, la obligación de utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes, etc.


RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES
POR PARTE DE LOS ESTADOS


En años recientes muchos conflictos o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamaciones en Internet y las redes sociales digitales han llegado a los Tribunales de Justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de los jueces para decidir situaciones nuevas con apego a los principios fundamentales. Sin embargo la proporción de conflictos que tienen un real acceso a la justicia es mínima.



Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso de Internet y las redes sociales digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales.[10]



10. Se debe garantizar:



10.1. Que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso y que sea tramitados con prioridad por parte de los tribunales y autoridades responsables. [11]



Se debe fortalecer el uso de la responsabilidad civil extracontractual objetiva como mecanismo regulatorio para garantizar los derechos fundamentales en las aplicaciones en la Sociedad de la Información y Conocimiento, Internet y redes sociales digitales. Las sanciones judiciales por los daños derivados tienen la ventaja de ser una respuesta inmediata, eficiente y capaz de desincentivar los diseños peligrosos. Este tipo de responsabilidad civil se fundamenta en el interés superior del niño.



10.2. Las decisiones que se tomen en esta materia deberían tener la más amplia difusión posible, utilizando técnicas de anonimización que garanticen la protección de datos personales.



10.3. Debería desarrollarse y difundirse una base de datos sobre casos y decisiones (fallos judiciales o resoluciones administrativas anonimizadas) vinculada a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en especial a Internet y las redes sociales digitales, que sería un instrumento para que los jueces puedan apreciar el contexto nacional e internacional en el que están decidiendo.



11. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos, en materia de protección de datos personales.



12. Fomentar el establecimiento de organismos jurisdiccionales especializados en materia de protección de datos.



13. Desarrollar capacidades en los actores jurídicos involucrados en materia de protección de datos, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.


RECOMENDACIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS



Recordamos la necesidad de que el interés superior del niño sea considerado como principio rector de toda medida que se tome en la materia, particularmente en el desarrollo de políticas públicas tendientes a regular las redes sociales digitales.[12]



14. Se recomienda considerar la implementación de las siguientes políticas públicas:



14.1 Establecimiento de mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en especial en Internet o en las redes sociales digitales. De igual manera se debe establecer sistemas de información para que, aquellas niñas, niños y adolescentes que tengan alguna preocupación por los contenidos en Internet o las redes sociales digitales, puedan tener asesoría y apoyo rápido.



Para esto se pueden generar medidas como ayuda y denuncia en línea, números gratuitos telefónicos, centros de atención, etc.



14.2. Elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados.[13]



15. Deberían existir mecanismos regionales e internacionales para compartir la información reportada por particulares sobre estos eventos, en tiempo real, para poder así generar políticas y mecanismos de protección en forma temprana, esto debido a que los riesgos que se generan en las redes sociales digitales están muy dispersos y nos son plenamente advertidos.



16. Promover acciones de sensibilización y divulgación de información a través de los medios de prensa y de comunicación masiva y las propias redes sociales, entre otros, porque son un vehículo efectivo para fomentar un uso responsable y seguro de las herramientas de la Sociedad de Información y el Conocimiento.[14]



17. Promover el compromiso y la participación de las asociaciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso a Internet (donde hubiere), para asegurar su participación en la protección y en las campañas de alerta sobre las potencialidades y los riesgos de Internet y las redes sociales digitales.



18. Impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. En especial, en lo que refiere a los comportamientos en línea de niñas, niños y adolescentes, se sugiere investigar acerca de los roles que estos juegan en la recepción, producción, almacenamiento y reproducción de contenidos ilegales, las medidas de protección que ellos mismos desarrollan, las motivaciones individuales y colectivas de dichos comportamientos, así como los peligros reales a los que se enfrentan en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.


RECOMENDACIONES PARA LA INDUSTRIA


Las empresas que proveen los servicios de acceso a Internet, desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales deben comprometerse de manera decidida en materia de protección de datos personales y la vida privada —en particular de niñas, niños y adolescentes—, a cooperar con los sistemas de justicia nacionales, desarrollar campañas de prevención y desarrollo de capacidades, entre otros instrumentos mediante compromisos o códigos de conducta, que deben incluir:



19. No permitir la recopilación, tratamiento, difusión, publicación o transmisión a terceros de datos personales, sin el consentimiento explícito de la persona concernida. Se debe restringir el uso de la información recogida con cualquier otra finalidad diferente a la que motivó su tratamiento, y en especial a la creación de perfiles de comportamiento.[15]



En el caso de niñas y niños se deberá considerar la prohibición de tratamiento de datos personales. En el caso de adolescentes se deberá tener en cuenta los mecanismos de controles parentales de acuerdo a la legislación de cada país, de los que deben darse una información clara.



20. Proteger la vida privada debería ser la característica general y por defecto en todas las redes sociales digitales, bases de datos y sistemas de comunicación, entre otros. Los cambios en el grado de privacidad de su perfil de usuario que se quieran realizar deben ser sencillos y sin costo alguno.



21. Las reglas sobre privacidad de las páginas web, servicios, aplicaciones, entre otros, deberían ser explícitas, sencillas y claras, explicadas en un lenguaje adecuado para niñas, niños y adolescentes.



Se deberá proveer información sobre los propósitos y finalidades para los cuales se utilizarán los datos personales, así como las transmisiones que se realicen a terceros. De igual modo se deberá indicar la persona o personas responsables del tratamiento de la información.



Se debe igualmente ofrecer un enlace hacia los “parámetros de privacidad” en el momento de la inscripción, conteniendo una explicación clara sobre el objeto de dichos parámetros.



Debe hacerse accesible igualmente un aviso sobre el hecho de que la red social ha preseleccionado los parámetros, si éste es el caso, y que pueden ser cambiados en todo momento, según las preferencias de las niñas, niños y adolescentes.



Sería deseable igualmente que se cambien los “parámetros por defecto” de los contenidos personales, para que puedan ser únicamente accesibles por los amigos y las redes que el usuario determine.[16]



22.Toda red social digital debe indicar explícitamente en la parte relativa a la “publicidad” contenida en su política de privacidad, sobre los anuncios publicitarios e informar claramente, en especial a niñas, niños y adolescentes, sobre el hecho de que las informaciones personales de los perfiles de los usuarios se emplean para enviar publicidad según cada perfil. Se deberá evitar publicidad que no sea adecuada para las niñas, niños y adolescentes.[17]



23. Toda red social digital debe indicar de manera clara la razón que motiva el exigir ciertos datos personales y en particular, la fecha de nacimiento en el momento de la inscripción y la creación de una cuenta. Se debe por tanto explicar que la fecha de nacimiento exigida tiene por objeto el poder verificar la edad mínima permitida para poder crearse una cuenta en la red social digital.



Se debe precisar igualmente cómo se van a utilizar estos datos de carácter personal que hay que facilitar de manera obligatoria.[18]



La industria deberá implementar mecanismos para una verificación fehaciente de la edad de niñas, niños y adolescentes para la creación de una cuenta de usuario y/o acceder a determinado contenido.



24. Toda red social digital, sistema de comunicación o base de datos debería contar con formas de acceso a la información, rectificación y eliminación de datos personales, para usuarios o no usuarios, tomando en consideración las limitantes de la ley.[19]



Toda red social digital debe elaborar una política accesible a los usuarios en materia de conservación de la información, en virtud de la cual los datos personales de los usuarios que han desactivado su cuenta sean suprimidos totalmente de los servidores del servicio, tras un periodo de tiempo razonable. Asimismo se deberá eliminar la información de no usuarios, considerando un límite razonable de conservación cuando han sido invitados a ser parte de las redes. Las redes sociales digitales no deben utilizar la información de no usuarios.



Las dos opciones que permitan desactivar y suprimir las cuentas deben ser totalmente visibles para los usuarios, que deben poder comprender qué supone cada opción en cuanto a la gestión por parte del servicio de los datos contenidos en dichas cuentas.[20]



Se tiene que informar a los usuarios de las obligaciones de privacidad frente a terceros, dicha política debe ser explícita, clara y visible.



25. Debe impedirse la indexación de los usuarios de las redes sociales digitales por parte de los buscadores, salvo que el usuario haya optado por esta función. La indexación de información de niñas y niños debe estar prohibida en todas sus formas, en el caso de adolescentes éstos deben autorizar de forma expresa la indexación de sus datos mínimos.



26. Toda red social digital debe establecer las medidas necesarias para limitar el acceso por parte de los terceros que desarrollan las diferentes aplicaciones que el servicio ofrece (juegos, cuestionarios, anuncios, entre otros), a los datos personales de los usuarios cuando éstos no sean necesarios ni pertinentes para el funcionamiento de dichas aplicaciones.



La red social tiene que asegurar que los terceros que desarrollan aplicaciones en sus plataformas únicamente podrán acceder a los datos personales de los usuarios con el consentimiento expreso de estos. La red social digital debe asegurarse que los terceros desarrolladores soliciten únicamente la información indispensable, pertinente y no excesiva para el uso de dicha aplicación.



Es igualmente importante que se tomen las medidas necesarias para evitar toda comunicación de datos personales de aquellos usuarios que no han decidido expresamente por ellos mismos el instalar alguna aplicación.[21]



27. Estas recomendaciones se aplican al tratamiento de los datos personales en las redes sociales digitales aunque sus domicilios legales estén fuera de América Latina y el Caribe. Para facilitar el acceso a la justicia de los usuarios, cada empresa proveedora de redes sociales digitales debe fijar un domicilio o representante legal en los países en los que esa red social tiene un uso significativo o a requisitoria del Estado.


Las redes sociales digitales deberán establecer un servicio eficiente y eficaz de soporte a los usuarios en estos temas. Este soporte deberá ser en las lenguas oficiales utilizadas en el país del usuario. .



28. Los desarrolladores de páginas web, servicios, aplicaciones, plataformas, entre otros, deberán establecer filtros de seguridad, como medio complementario a la educación, sensibilización y sanción.[22]



29 La industria debe establecer medidas de índole técnicas y operativas para garantizar la seguridad de la información, en particular la integridad, disponibilidad y confidencialidad.



30. Para la erradicación de la pornografía infantil en Internet la industria —en un esfuerzo conjunto de todos los actores responsables– deben comprometerse como mínimo a:



30.1. Notificar a las autoridades competentes todas las ocurrencias de pornografía infantil detectadas en perfiles de los usuarios de redes sociales digitales, para que sea posible abrir las investigaciones y acciones que correspondan;



30.2. Preservar todos los datos necesarios para la investigación por el plazo mínimo de seis meses o entregar esos datos a las autoridades competentes, mediando autorización judicial;



30.3. Preservar los contenidos publicados por usuarios los usuarios de las redes sociales por el mismo plazo, y entregar esos contenidos a las autoridades publicas mediando autorización judicial;



30.4. Cumplir integralmente las legislaciones nacionales en relación con los crímenes cibernéticos practicados por los ciudadanos de los respectivos países de América Latina y el Caribe o por medio de conexiones a Internet realizadas desde las respectivas jurisdicciones nacionales;



30.5. Reformular el servicio de atención a clientes y usuarios para dar una respuesta en un tiempo razonable a todas las reclamaciones formuladas por correo electrónico o por vía postal por las personas perjudicadas por la creación de comunidades falsas u ofensivas;



30.6. Desarrollar una tecnología eficiente de filtrado e implementación de moderación humana para impedir la publicación de fotografías e imágenes de pornografía infantil en el servicio de las redes sociales digitales;



30.7. Desarrollar herramientas por medio de las cuales las líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños y adolescentes puedan encaminar las denuncias para que los funcionarios de la empresa analicen, retiren los contenidos ilegales e informen a las autoridades competentes cuando contengan indicios de pornografía infantil, racismo u otros crímenes de odio, y preserven todas las pruebas;



30.8. Retirar los contenidos ilícitos, ya sea mediante orden judicial, o por requerimiento de autoridad pública competente, preservando los datos necesarios para la identificación de los autores de esos contenidos;



30.9. Desarrollar herramientas de comunicación con las autoridades competentes, para facilitar la tramitación de las denuncias, formulación de pedidos de remoción y preservación de datos;



30.10. Informar adecuadamente a los usuarios nacionales sobre los principales delitos cometidos en las redes sociales digitales (pornografía infantil, crímenes de odio, delitos contra la honra, entre otros);



30.11. Desarrollar campañas de educación para el uso seguro y respetuoso de las leyes, de Internet y las redes sociales digitales;



30.12. Financiar la publicación de folletos y su distribución a niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas, con información para el uso seguro de Internet y las redes sociales;



30.13. Mantener un enlace en los sitios de las redes sociales digitales con sitios de denuncia o líneas de ayuda a niñas, niños y adolescentes.


CONSIDERACIONES FINALES


31. Las recomendaciones señaladas para los niñas, niños y adolescentes se extiendan a otras personas (mayores de edad) que en razón de su condición personal se encuentre en una posición de vulnerabilidad.



Se entienden por grupos vulnerables todos aquellos relacionados a los datos sensibles (según cada una de las legislaciones nacionales) que generalmente incluyen trabajadores, disidentes, personas con discapacidad y sus familias, inmigrantes y emigrantes, entre otros.



32. Se exhorta a todos los actores involucrados a discutir e interpretar las presentes recomendaciones. De igual modo se debe buscar un diálogo constante en esta materia a la luz del presente documento. De manera especial se apela al cumplimento de las obligaciones de los Estados y a la responsabilidad social empresarial para encontrar las mejores formas de implementar el presente documento.



Montevideo, 28 de julio de 2009



Recomendaciones adoptadas en el Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet realizado en Montevideo los dias 27 y 28 de julio de 2009


NOTAS

[1] http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/noticia-7584/

[2] http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/guidelines/index.html

[3] http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf

[4] http://www.priv.gc.ca/cf-dc/2009/2009_008_0716_f.cfm / http://www.priv.gc.ca/cf-dc/2009/2009_008_0716_e.cfm

[5] Otros documentos especialmente considerados: Strasbourg’s Resolution on Privacy Protection in Social Network Services (17 de octubre de 2008); “Recomendación sobre redes sociales” de la Agencia Española de Protección de Datos, “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y privacidad y la seguridad de la información en las Redes Sociales on line” , realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO y por la Agencia Española de Protección de Datos (2009), The Rio de Janeiro Declaration and Call for Action to Prevent and Stop Sexual Exploitation of Children and Adolescents (noviembre 2008), el Dictamen 2/2009 sobre la protección de los datos personales de los niños del Grupo Europeo de Trabajo del Artículo 29° (2009); el Informe de Análisis y Propuestas en materia de Acceso a la Información y Privacidad en América Latina del Monitor de Privacidad y Acceso a la Información, y los documentos de eLAC 2007 y 2010.

[6] Las expresiones niña, niño y adolescente se usan con el sentido que en cada país les da la legislación nacional. (según el país las expresiones niña o niño podrán referirse a las personas que no han cumplido los 12 o 13 años de edad, y adolescente a quienes son mayores de esa edad y menores de 18 años. En aquellos países en los que no se ha introducido jurídicamente la categoría “adolescentes” se aplica a los llamados “menores adultos” o “menores púberes”. En el caso de Honduras niño es la persona menor de 14 años y niña es la persona menor de 12 años, adolescentes son los mayores de esas edades y menores de 18 años).

[7] Artículo 3.1 de la CDN “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

[8] ITU Guidelines for Policy Makers checklist #3 y #4: “ … It is very important, therefore, that materials are produced locally which reflect local laws as well as local cultural norms. This will be essential for any Internet safety campaign or any training materials that are developed.”; 4. “ … When producing educational materials it is important to bear in mind that many people who are new to the technology will not feel comfortable using it. For that reason it is important to ensure that safety materials are made available in either written form or produced using other media with which newcomers will feel more familiar, for example, with video.”

[9] ITU Guidelines for Policy Makers #2: “Establish, mutatis mutandis, that any act against a child which is illegal in the real world is illegal online and that the online data protection and privacy rules for legal minors are also adequate.”

[10] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. (Octubre de 2000): “10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.” [Aprobada durante el 108° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH]

[11] En este sentido se destaca la intervención de los Juizados Especiais de Brasil en la protección de los derechos de los ciudadanos en las redes sociales en Internet.

[12] Opinion 5: 4. “The Opinion emphasized the need for taking into account the best interest of the child as also set out in the UN Convention on the Rights of the Child. The Working Party wishes to stress the importance of this principle also in the context of SNS.”

[13] ITU Guidelines for Policy Makers #5, 6 y 7: “5. Consider taking additional measures to disrupt or reduce the traffic in CAM, for example by establishing a national hotline and by deploying measures which will block access to web sites and Usenet Newsgroups known to contain or advertise the availability of CAM. 6. Ensure that a mechanism is established and is widely promoted to provide a readily understood means for reporting illegal content found on the Internet, for example, a national hotline which has the capacity to respond rapidly and have illegal material removed or rendered inaccessible. 7. Ensure that national processes are in place which ensure that all CAM found in a country is channelled towards a centralised, national resource. One example is the National Child Abuse Material Management Centre.”

[14] ITU Guidelines for Policy Makers, checklist #2: “Consideration should also be given to enlisting the aid of the mass media in promoting awareness messages and campaigns.”

[15] Opinion 5: 3.4. Sensitive personal data may only be published on the Internet with the explicit consent from the data subject or if the data subject has made the data manifestly public himself.

[16] Office of the Privacy Commissioner of Canada, PIPEDA Case Summary #2009-008, Report of Findings into the Complaint Filed by the Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) against Facebook Inc. Under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, July 16 2009.

[17] Id.

[18] Id.

[19] El espíritu de este último párrafo es no excluir —por el tiempo que sea necesaria— la retención de los datos de los usuarios que puedan ser necesarios en la investigación de delitos.

[20] Office of the Privacy Commissioner of Canada, PIPEDA Case Summary #2009-008, Report of Findings into the Complaint Filed by the Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) against Facebook Inc. Under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, July 16 2009.

[21] Office of the Privacy Commissioner of Canada, PIPEDA Case Summary #2009-008, Report of Findings into the Complaint Filed by the Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) against Facebook Inc. Under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, July 16 2009.

[22] ITU Guidelines for Policy Makers #13: “Consider the role that technical tools such as filtering programmes and child safety software can play in supporting and supplementing education and awareness initiatives.”

Extraído de derechoinformatico.ning.com
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