CUANDO NO NOS SEPARA LA MUERTE

El Derecho de Familia tiene por cometido regular las cuestiones relacionadas con sentimientos humanos, ni más ni menos. De ahí su gran desafío, y oportunidad. 

Esta característica se hace más notable en el tratamiento de la institución fundada, propiamente, en el sentimiento que lleva a dos personas a decidir recorrer el camino de la vida juntos: el matrimonio.

Así, se establecen normas respecto a los impedimentos para su válida celebración, formalidades, régimen de bienes, obligaciones y derechos de los cónyuges, entre sí y para con quienes deberían ser depositarios de la más pura manifestación de aquel sentimiento, los hijos del matrimonio, y de éstos hacia sus padres, quienes están llamados a ser el soporte del pilar más importante de la sociedad, que es la familia.

Durante la vigencia del matrimonio, el cumplimiento o no de dichas normas se transforma, en la práctica, en una decisión personal, librada a las normas que la propia familia se autoimpone, y sin mayor repercusión social (salvo en casos excepcionales o patológicos como los sucesos de violencia familiar), y, por tanto, sin que el Derecho de Familia muestre su aplicación y necesidad. Los padres cumplen naturalmente la obligación de alimentar a sus hijos, los hijos obedecen o no a sus padres, en mayor o menor medida, los esposos cumplen o no el mandato de fidelidad, todo ocurre de manera más o menos pacífica dentro de las puertas de su casa. 

Pero cuando el matrimonio se disuelve, cuando aquéllos que decidieron recorrer el camino de la vida "hasta que la muerte los separe" deciden romper ese compromiso, es ahí donde el Derecho de Familia adquiere todo su valor social, con la misión de procurar que esa separación sea lo más justa y menos dañina para todos y cada uno de los miembros de la familia. 

Así, los esposos hacen el reparto de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, en la forma acordada antes del mismo, en el caso de que hayan pactado un régimen específico, o por mitades, en el caso de que no lo hayan hecho, otorgándose las recompensas que fueran necesarias en el caso de que se hayan hecho mejoras durante el matrimonio en un bien que, por pertenecer al otro cónyuge con anterioridad al mismo, quedará en poder de ese cónyuge, evitándose así la posibilidad de un enriquecimiento-empobrecimiento injusto para alguno de ellos por causa del matrimonio y de su disolución. 

Pero qué sucede con quienes deberían ser destinatarios del amor más grande, y seres a cuyo respecto se tomasen las decisiones más sabias, en demostración de ese amor, es decir, los hijos de ese matrimonio, se consigue para ellos esa justicia y esa armonía? En un porcentaje tristemente alto de casos, la respuesta es no. 

Los hijos del matrimonio se transforman en objetos recipientes de los conflictos no resueltos entre los cónyuges, siendo utilizados por éstos para presionar y obtener sus respectivas demandas. 

Así, la madre solicita al padre una pensión alimenticia exorbitante para los ingresos del padre, a cambio de las visitas que, por tener al niño, tiene la posibilidad de limitar o, incluso, prohibir. El padre también utiliza el poder que le da el ser dador de alimentos, para lograr el logro de sus pretensiones, sin importarle, muchas veces, dejar al niño sin el contacto que necesita, y sólo necesita, sea el suyo, o el de su madre (en el caso de que, por alguna circunstancia, detente él la tenencia). 

Surgen falsas denuncias de agresión, generalmente de la mujer, con el fin de conseguir el alejamiento del padre, asegurándose la pensión, y tantas otras situaciones que no hacen más que sacrificar al niño, añadiéndole tensión a la ya traumática destrucción de su familia. 

Ante estos hechos, las modernas legislaciones han previsto institutos que acuden al llamado de proteger al niño (o adolescente, en su caso) de ser el rehén de situaciones que son producto de decisiones que, en absoluto, le son imputables. Ellos no pidieron que sus padres se casaran, no pidieron venir al mundo, y ahora, tampoco tienen nada que ver con su decisión de separarse, como tampoco son los culpables de las deudas pendientes, patrimoniales y no patrimoniales, que ambos puedan reclamarse. 

En esta dirección, se ha elaborado el concepto de "el interés superior del niño", refiriéndose al principio rector de las decisiones que los diferentes operadores de la Justicia deben tomar, sean Jueces, Fiscales, técnicos (sicólogos, asistentes sociales, etc.) e, inclusive, Abogados, aunque sean defensores de los respectivos padres. 

En este punto, el papel del Abogado del padre o madre estaría reñida, conceptualmente, con lo que significa, ontológicamente, su misión, que es la de defender a su cliente, con un criterio parcial, ya que, en este caso, se entiende que, aunque su cliente, esto es, quien paga sus honorarios, sea alguno de los padres, su cliente verdadero es el niño (o adolescente).

Previendo la dificultad que, para el Abogado, tiene este último aspecto, ya que es muy fácil involucrarse para el profesional de manera muy personal en este tipo de asuntos, por la naturaleza de su profesión y por la manera como son expuestos los casos por el padre que recurre a sus servicios, las legislaciones prevén la posibilidad de que el propio niño (o adolescente) tenga un Defensor propio, que vele por sus intereses, complementando la acción del Fiscal, que, en representación de la sociedad, también cumplirá el cometido de vigilar por su bien. 

Y es que, detrás de estos conceptos, se encuentra la idea de que el niño (o adolescente) no es un objeto de derechos, sino un SUJETO con derechos, inclusive, a comparecer en el proceso y tener su propio Defensor. 

Sin embargo, por perfectos que sean los institutos consagrados en las modernas legislaciones, si no se cuenta con la madurez y sensibilidad de las partes en el proceso, en este caso, los padres, todo lo que pueda escribirse se quedará en el papel.

LLEGAR AL FINAL

Entre los deseos más caros de todo ser humano, se encuentra el de la longevidad. Es común en cada cumpleaños acompañar el saludo con un espontáneo "por muchos años más". 

Algunos tienen la suerte de llegar a esa longevidad sin proponérselo, gozan de buena salud y viven muchos años sin mayor esfuerzo. Otros se esmeran especialmente en ese cometido, y hacen dietas, ejercicio, vida sana, actividad constante, intelectual y física, evitan el stress, visitan frecuentemente al médico para sus controles de rutina, etc. 

Lo cierto es que tener larga vida es el deseo de todo ser humano, y por eso todos sufrimos con sólo pensar que un día vamos a dejar este mundo, y nos preocupamos, de alguna u otra manera, por dejar algún legado a las generaciones futuras, que marque nuestro pasaje por él. 

Algunos llegan a la vejez en situación de indigencia, y es lamentable, sobre todo cuando no existe por parte del Estado una manera de ampararlos dignamente. Pero qué decir de los que llegan con patrimonio, expuestos a merced de quienes se aprovechan de su deterioro físico, sicológico, y su soledad?. 

Como aves rapaces, con el pretexto de cuidarlos y prodigándoles la dulzura que como niños necesitan, van apoderándose de sus jubilaciones, cuentas bancarias y propiedades. Muchas veces les basta una caricia para lograr su aberrante cometido, porque son concientes de los problemas familiares que han llevado al anciano a una situación de desamparo afectivo.  

Y si la caricia no fuera suficiente, qué anciano no necesita un sedante de vez en cuando, para aliviar los dolores propios de su edad, o que le ocasiona alguna enfermedad, o su propia ansiedad?  

Cuando eso suceda, no tendrán ningún empacho en prodigarle algún calmante, que lo ponga en un estado de vulnerabilidad en la cual firme documentos que ni siquiera leerá ni comprenderá, y que beneficien a aquel secuaz que se está llevando, quizás, el fruto del trabajo de toda su vida.  

Esas artimañas son hechas, muchas veces, con la ayuda de médicos sin escrúpulos que recetan medicamentos, Escribanos que autorizan escrituras (sobre todo, Poderes) que el anciano en uso pleno de sus facultades no hubiese otorgado, y tantos otros, que, utilizando una legislación insuficiente, abultan sus bolsillos a costa de la necesidad de su necesidad.  

Y así, es normal para los funcionarios de los Bancos ver a los dueños o empleados de casas de ancianos traerlo arrastrando para que retire dinero de su cuenta bancaria para dársela a su "cuidador", o a éste exhibir un Poder que lo habilita a hacer el retiro por sí mismo. Por nombrar una de las situaciones. 

Y qué decir de los Abogados? Somos quienes hacemos los juicios que declaran oficialmente a ese anciano "incapaz de dirigirse a sí mismo y administrar sus negocios", como reza el Código Civil. Somos quienes llevamos adelante el trámite que significa, ni más ni menos, matarlo en vida, poniéndolo, definitivamente, en manos de alguien cuyos intereses no han de ser tan altruistas, en muchos casos, y que mal velará por su debido bienestar, sino que utilizará las facultades concedidas por la ley para su protección, pero para administrar los bienes del anciano en su propio provecho. 

Claro que para cumplir con las garantías del anciano en la Curatela, se proporcionará un Defensor propio, quizás en ese desesperado intento del sistema de no dejar cabos sueltos, por lo menos, en apariencia. 

Pero, qué libertad para objetar el proceso tendrá ese Defensor cuando es pago por la parte que promueve el juicio, que suele ser, el aspirante a curador? Curiosamente, y, pese a que son bien conocidas y frecuentes las estafas cometidas contra ancianos, no se habla de reformar los institutos de protección existentes, por lo menos, no con el mismo énfasis que se pone en otros temas, como el aborto, por ejemplo. 

Sería bueno que se hiciese, no sólo por los ancianos de hoy, que están sufriendo esos atropellos, sino para quienes esperamos llegar a viejos sin temor. Y que el bienintencionado "por muchos años más", no se transforme, en los hechos, en una maldición.

ISRAEL Y HAMAS HAN RECHAZADO EL LLAMAMIENTO A UN ALTO EL FUEGO.-

JERUSALÉN.- Israel y Hamás han rechazado el llamamiento a un alto el fuego que les hizo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anoche porque no satisface sus respectivas necesidades de seguridad y libertad de movimiento.

"Israel ha actuado, actúa y seguirá actuando de acuerdo a sus necesidades, la seguridad de sus ciudadanos y su derecho a la legítima defensa", dijo la viceprimer ministra y titular de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, tras conocer la resolución.

Con la única abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que insta a la declaración de un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada de las tropas israelíes y la entrada sin impedimentos de ayuda humanitaria al territorio palestino.

Para Israel, se trata de una resolución que legitima al movimiento islamista Hamas y que lo equipara al nivel de Estado, consideraron portavoces oficiales.

"Israel ha actuado, actúa y seguirá actuando de acuerdo a sus necesidades, la seguridad y su derecho a la legítima defensa"

El viceprimer ministro israelí, Eli Yishai, manifestó que "el mundo se ha convertido en un 'lobby' de (Ismail) Haniye (el líder de Hamás en Gaza). No pasará absolutamente nada si la resolución se queda en papel mojado (porque) lo importante son nuestros intereses".

Por su parte, el movimiento islamista rechazó el documento elaborado por el Reino Unido, en colaboración con Francia y los países árabes, porque no tuvo en cuenta a Hamas, si bien lo ve como prueba del fracaso de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

"Este fracaso es el que ha generado la resolución, a pesar de que nadie se ha asesorado por nosotros", manifestó desde Beirut el dirigente islamista Osama Hamdán en declaraciones a un medio local.

Para Hamdán, la resolución del Consejo de Seguridad "no tiene en cuenta el interés palestino y no habla ni del levantamiento del bloqueo ni de la apertura de los pasos fronterizos" en Gaza.

La actual escalada de violencia en la región entra hoy en su décimo cuarta jornada sin que la diplomacia internacional haya conseguido aún una solución que convenza a las partes a deponer las armas.

Hamas: "Este fracaso es el que ha generado la resolución, a pesar de que nadie se ha asesorado por nosotros"

Así, los combates continúan en la franja. Mientras la ONU intentaba buscar una solución al conflicto, las fuerzas israelíes seguían bombardeando Gaza. Al menos 30 personas, que se encontraban en una casa con 110 refugiados, murieron en uno de estos ataques, según ha confirmado las Naciones Unidas.

Según varios testigos estos 110 palestinos fueron evacuados a una casa en la localidad de Zeitoun -la mitad de ellos niños- con la orden de que no se movieran del lugar. 24 horas después las fuerzas israelíes bombardearon "varias veces la casa" hasta matar a 30 personas, probablemente la mayoría de ellas niños.

Al menos 763 palestinos han muerto y 3.120 resultaron heridos desde que Israel inició la Operación Plomo Sólido el pasado 27 de diciembre, tras el fin de la tregua en vigor hasta el día 19. Unos quince israelíes también murieron en las hostilidades (muchos de ellos, por el fuego amigo de sus propios efectivos) y decenas resultaron heridos.

Fuente: "El Mundo", 9 de enero de 2009.-

EL ESTADO PEDIRÁ PERDÓN POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA DICTADURA

"Finalmente, el Estado uruguayo pedirá perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La iniciativa se expresará a través de una ley que buscará reparar materialmente a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares, muchas de las cuales no fueron comprendidas en la casuística de las normas anteriores. Más que eso, y de acuerdo a los trascendidos, el gobierno reconocerá que el Estado es el “único responsable” de haber cometido crímenes de lesa humanidad y de promover y ejecutar lo que se conoce como “terrorismo de Estado” y pedirá perdón por tales acciones. De confirmarse, estamos ante una decisión política de extraordinaria importancia.

Reconocer que el Estado fue el “único culpable” significa que no hay justificación alguna para montar y ejecutar una política de hostigamiento y vulneración de los derechos de las personas. Mucho antes de que se concretara el asalto militar contra las instituciones, el país vivía un escenario de enfrentamientos políticos violentos, del que participaron particulares que un día decidieron alzarse en armas contra las instituciones democráticas. El pedido de perdón dice que ni siquiera en ese contexto el Estado puede violar los derechos humanos. Significa reconocer lo que la doctrina y el sentido común ya establecían: que el Estado no puede apelar a la tortura, el secuestro, el homicidio y la desaparición forzosa invocando una acción previa y similar de un grupo de particulares. Mucho menos esgrimir la defensa de las instituciones democráticas para pisotearlas y escarnecer a los ciudadanos.

Sin embargo, la iniciativa tiene sus singularidades. Varios de los integrantes de este gobierno que pedirá perdón por crímenes cometidos por otros, fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Estado. Por si eso fuera poco, varios de los integrantes de este gobierno cometieron crímenes similares y atentaron contra el Estado y las instituciones democráticas sin que hayan pedido perdón al resto de la sociedad. La oportunidad sería propicia para que todos aquellos que justificaron actos criminales o trataron a las instituciones democráticas con frivolidad, también pidieran perdón.

A propósito, no estaría de más que el pedido de perdón alcanzara a otros integrantes del sistema político que, siendo testigos de cómo los gobiernos anteriores a 1973 montaban un inusual aparato represivo y lo utilizaban para reprimir luchadores sociales que no violaban la ley ni apelaban a métodos violentos, decidieron ignorar las denuncias y hacer la vista gorda. Y ya que estamos, muchos ciudadanos podrían aprovechar la ocasión, hacer un “mea culpa” y reconocer frente a sus hijos y sus nietos, que prefirieron la dictadura a los males de la democracia, ya sea aplaudiendo el advenimiento de un régimen ilegítimo y cruel o desentendiéndose de la suerte de sus semejantes.

Si así ocurriera, se daría un testimonio inequívoco de que todos aprendimos la lección y la sociedad uruguaya podría respirar tranquila. Mientras tanto, celebremos que el Estado pida perdón por sus crímenes del pasado, aunque no lo escuchemos de boca de los criminales".

Fuente: Montevideo Portal, blog de Gerardo Sotelo "Algo habrán hecho", 7 de enero de 2009.-

MEDIA SANCIÓN PARA PROYECTO QUE AVALA CAMBIO DE SEXO

Los transexuales ganaron media batalla: el Senado votó el proyecto de cambio de nombre y sexo en registros públicos. A último momento se dispuso que los menores de 12 años deben tener el aval de sus padres para iniciar el trámite.

Cansado luego de una discutida sesión, el senador del MPP José Mujica concluyó: "Queda votado y pasa a la Cámara de Diputados para su entretenimiento y consideración". Los senadores se enfrascaron ayer en discusiones filosóficas acerca del cambio de sexo, la posibilidad que los menores tengan o no el aval de los padres y también el casamiento entre personas del mismo sexo.

Desde las barras, varios transexuales siguieron la sesión en estricto silencio. A la hora de criticar, la oposición preguntó si los travestis irán a baños de hombre o de mujer luego de cambiarse el nombre. También si se afectará el divorcio, las adopciones, la tenencia de hijos y hasta la reproducción asistida; si algunas personas harán el cambio de sexo registral para beneficiarse por los derechos jubilatorios y se planteó la posibilidad de un "tercer sexo" a nivel jurídico.

Fuente: "El País digital", 17 de diciembre de 2008.-

IMPULSAN LEY CON ALTERNATIVAS AL ABORTO

Tras el veto del presidente Tabaré Vázquez al capítulo de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que proponía la despenalización del aborto, la posibilidad de impulsar medidas alternativas a esa medida cobra mayor fuerza.

La bancada de diputados del Herrerismo, presentó el pasado mes de agosto un proyecto de ley en ese sentido, que surgió tras un trabajo elaborado por un grupo de abogados y técnicos de varias especialidades que, partiendo de la base de que el aborto no debe ser despenalizado, realizan varias propuestas. La iniciativa, que fue presentada por el diputado Jaime Trobo y que cuenta con el apoyo de sus compañeros Pablo Abdala, Luis Lacalle Pou, Nelson Rodríguez Servetto y Gustavo Borsari, propone la creación de un sistema social que brinde a las mujeres una gama de posibilidades antes de optar por practicarse un aborto.

Básicamente, el proyecto, denominado "Protección del Derecho a la Vida", impulsa la ayuda económica de particulares y empresas a las mujeres embarazadas que puedan llegar a considerar la opción de abortar. También plantea que podrán utilizar Centros de Acogida a la Vida, donde se las ayudará tanto en forma económica y social incluso tras el nacimiento del bebé.

En el mismo sentido, la propuesta establece el pago -a través de Rentas Generales- de una Asignación Familiar de Emergencia a las mujeres embarazadas cuyo núcleo familiar tenga ingresos inferiores a una canasta básica. El beneficio regirá hasta los dos años de edad del niño.

Además, se establece que las mujeres embarazadas tengan prioridad en planes de vivienda impulsados por el Estado.

El proyecto también brinda un importante rol al sistema de adopciones, y en ese sentido se prevé que los niños de hasta seis meses podrán ser dados en adopción voluntaria a través del INAU y también mediante instituciones como organizaciones no gubernamentales, que deberán ser fiscalizadas por el Estado.

Por otra parte, la iniciativa prevé una serie de beneficios para las empresas que contraten mujeres. Por ejemplo, la exoneración de aportes por suplencias en caso de embarazo y también reconocimientos a los empleadores que fomenten la mejora de la relación entre los trabajadores y sus familias.

SOLUCIÓN SOCIAL. Ayer, en el marco de una actividad organizada por la Universidad de Montevideo por el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el abogado y docente de Derecho Penal, Pedro Montano, uno de los redactores del proyecto de ley presentado por los legisladores herreristas, destacó que "en la sociedad actual existe un sentido generalizado en que hay que evitar el aborto porque es una solución violenta".

Por eso, consideró que "el Derecho Penal no puede ser indiferente ante la destrucción de la vida humana; algo tiene que decir, si no se nos cae la estantería porque cómo vamos a proteger otros derechos".

Además, Montano señaló que el proyecto de ley propuesto -si bien ya ha sido impulsado en otras legislaturas y no tuvo mayor eco- representa un intento de solucionar la problemática desde una visión que abarca la situación social que deriva en el aborto porque, según dijo, el asunto no se resuelve desde la perspectiva de "la despenalización sí o la despenalización no".

Montano también repasó las concepciones existentes a nivel mundial desde 1973, cuando se consideraba que el aborto consistía en una opción libre, hasta la época actual, donde gracias a los avances registrados en varios ámbitos, existen otras alternativas antes que esa medida. No obstante, cuestionó los mecanismos de aborto químico que surgieron en los últimos años, y que a través de fármacos que muchas veces pueden ser adquiridos por internet, una mujer decide abortar "en la intimidad de su hogar".

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Nicolás Etcheverry, si bien no se refirió específicamente a la temática del aborto, sostuvo que "se debe respetar la dignidad del ser humano desde su concepción".

"No deja de ser irónico que en una época donde se quiere proclamar derechos de determinados animales como las ballenas, osos y perros, se sigan violando los derechos de las personas con total impunidad", agregó Etcheverry.

Además, el decano expresó que de acuerdo a lo que establecen la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos de las personas "se aplican desde el momento de la concepción y se incrementan de ahí en adelante hasta que la vida se termine".

Estado y abusos

En el evento de ayer, también participó el catedrático en Derecho Penal Miguel Langón, quien centró su exposición en los desbordes de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En ese sentido, citó varios ejemplos, entre ellos, el caso de la Dirección General Impositiva que se ocupa de controlar los tributos, establecer la deuda y las multas e incluso la posibilidad de presentar denuncias penales.

La iniciativa de los blancos

Cuando los padres no puedan mantener a sus niños, se establecerá un sistema de ayuda de particulares y también mediante empresas.

Las mujeres embarazadas en situación de desamparo económico o afectivo, tendrán la posibilidad de asistir a los Centros de Acogida a la Vida, donde se las ayudará durante y después del embarazo.

El Ministerio de Vivienda deberá priorizar a las mujeres embarazadas en los planes de acceso a vivienda a través de planes y subsidios impulsados por el Estado.

Los núcleos familiares que cuenten con mujeres embarazadas que tengan ingresos menores a una canasta básica, serán beneficiados con una asignación de emergencia de 10 Unidades Reajustables. El beneficio se extenderá hasta los dos años de edad del niño.

Habilita las intervenciones en el embrión solo cuando se trata de situaciones para evaluar, proteger o restablecer su salud.

En cuanto al sistema de adopciones, propone la alternativa de la legitimación adoptiva por entrega voluntaria en los casos de niños menores a los seis meses.

Establece un sistema de beneficios a las empresas que brinden trabajo a las mujeres. Prevé la exoneración de aportes por las suplencias en caso de licencias maternales y también beneficios para los empleadores que impulsen la mejora en la relación de los padres con sus hijos, como por ejemplo reduciendo la jornada laboral.

Fuente: "El País digital", jueves 11 de diciembre de 2008.-